La Corte, la causa de los contratos y un nuevo relato

09/05/2024

Qué puede suceder con el caso de la ex procuradora adjunta. El espejo con la causa de los contratos truchos en la Legislatura. Modificaciones en el relato.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

La solicitud del expediente en el que quedó plasmada la destitución de Cecilia Goyeneche por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación despertó emociones en el círculo íntimo de la abogada y sorpresa entre sus detractores.

Estos últimos esperaban que el máximo órgano de justicia del país se expidiera con un 280, en alusión al artículo del Código Civil y Comercial de la Nación con el que se rechazan los recursos. Eso, que se daba por hecho, no sucedió. Mientras tanto, el convencimiento del procurador general Jorge García de que su ex adjunta volverá a serlo toma musculatura. Lo expresa en privado y públicamente cada vez que puede. La última vez que lo hizo fue en Victoria, en una jornada multifueros, días antes de que se conociera la decisión de la Corte. Probablemente haya tenido la información.

El pedido del expediente se produjo luego de que integrantes de la Asociación Argentina de Fiscales fueran a la Corte Suprema a pedir por Goyeneche. Esa petición es la que, probablemente, adelantó lo que finalmente ocurrió, según reconstruyó Página Judicial.

Para quienes estiman a Goyeneche y la quieren en los tribunales, pero detrás del mostrador, se dio el primer paso para su regreso.

Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte dice que los casos de gravedad institucional, arbitrariedad en los procesos o aquellos en los que hay una cuestión federal no se resuelven con el 280, sino que se analizan. En Goyeneche se planteó una arbitrariedad cuando se decidió que sería un fiscal ad-hoc el que acuse ante el Jurado de Enjuiciamiento. Nota al pie: según el procedimiento, quien debía acusar es el procurador, pero en este caso se dieron dos cuestiones.. En primer lugar, el propio García estaba denunciado; y, en segundo lugar, otro fiscal –según el jury– no garantizaba imparcialidad porque sería un subalterno de la denunciada quien ejercería el rol de acusador.

Además de estar encuadrado este caso en la jurisprudencia de la Corte, el proceso por el que se destituyó a Goyeneche tuvo un alcance mediático nacional sofisticado, orquestado por un sector importante del PRO nacional y con el apoyo de uno de los principales publicistas y consultores de la Argentina: Carlos Fara.

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, debe dictaminar y la Corte luego resolver.

La causa de los contratos truchos en la Legislatura aparece como un espejo en el que mirarse. Cuando los abogados defensores lograron que Casal tome el expediente con la pretensión de que se analice la posibilidad de que los delitos imputados en la jurisdicción provincial se convirtieran en delitos electorales, también hubo ilusión. El procurador  interino solicitó un dictamen a la Cámara Nacional Electoral, que se animó a decir que efectivamente se pudo haber incurrido en infracciones de carácter electoral. Cuando eso sucedió surgieron las voces que dijeron: bueno, listo, ya está. Se va al Federal. La Corte no ha desoído nunca a la Cámara Electoral. Pues bien, en ese caso resolvió que sea la jurisdicción provincial la que lleve adelante el juicio.

La historia parece marcarlo: todo puede pasar.

El relato

La noticia de hace dos semanas activó el lobby de la ex procuradora adjunta. Volvió el relato de que todo el proceso por el que se la destituyó fue un complot entre el peronismo, por haberlo investigado a Sergio Urribarri; y el Superior Tribunal de Justicia (STJ), dispuesto a garantizar impunidad del ex gobernador.

Pero esa trama, reiterada hasta el cansancio por la doctora, se encontró con un obstáculo.

En una interesante entrevista en el diario La Nación, se la consultó por sus denunciantes, Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, grandes ausentes en las crónicas durante todo este tiempo. Esa ausencia tiene lógica. Goyeneche basó todo su relato en hechos que no encuentran veracidad en elementos concretos.

-Urribarri, a quien ubica como el instigador de la denuncia en su contra por haberlo investigado, fue condenado a ocho años de prisión, el doble que los que recibió el represor Orlando Ramón Agosti, acusado de delitos de lesa humanidad.

-El STJ, a cuyos integrantes la doctora les adjudicó ser los garantes de la impunidad del ex gobernador, no solo confirmó la sentencia, sino que ni siquiera abrió la queja. Lo definió el voto de la vocal Gisela Schumacher, apuntada por Goyeneche por ser pareja del ex presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano.

Caídos todos los argumentos, Goyeneche se encontró ante la consulta acerca de sus denunciantes. Dijo que Pagliotto y Mulet son aliados de Urribarri. Raro, el ex gobernador, que está a un paso de ir a una unidad penal, fue denunciado por estos dos abogados.

La creatividad narrativa para contar historias en la pluma de Goyeneche parece desafiar el realismo mágico. Ahora conectó al estudio de Pagliotto –que defiende a Alfredo Bilbao, uno de los imputados en la causa de los contratos– y la cercanía del buffet de Mulet con la oficina de Bilbao en el mismo edificio. Según su nueva partitura, por eso los abogados la querían fuera de la Procuración. Interesante, Bilbao es uno de los acusados que se mostró predispuesto a colaborar con la investigación en su momento y el equipo de fiscales que conducía Goyeneche (¿o García?) hizo oídos sordos, mientras que el otro imputado, Pedro Opromola, gozaba de la libertad cuando la pesquisa daba los primeros pasos. Los embargos a los imputados dieron la novedad que Opromola era copropietario de dos inmuebles con Goyeneche.

La doctora se esperanza y vuelve a la carga con nuevos capítulos. García, vaya a saber por qué, no subscribe. Solo expresa optimismo sobre su vuelta.