Empresarios deberán plantar árboles en islas donde hacían fiestas ilegales
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10/05/2024
Dos empresarios firmaron un compromiso de reparación integral por haber organizado fiestas en una isla, frente a la ciudad de Victoria, en abierta violación a una medida cautelar tendiente a proteger de alteraciones el ambiente. Deberán abonar una suma de dinero que será donada a instituciones públicas, plantar árboles de especies en extinción en la zona de humedales y realizar un curso en materia ambiental.
De la Redacción de Página Judicial
En los últimos cuatro años en que los incendios arrasaron con cientos de miles de hectáreas de humedales en las islas del Delta, otro factor de intervención humana afectó el ecosistema en el extenso humedal: las fiestas masivas sin habilitación estatal.
La novedad, hace unos días, la dio el juez federal de Victoria, Federico Martín, al homologar un acuerdo por el cual dos empresarios se comprometieron a efectuar una reparación integral en materia de contaminación ambiental, por haber organizado fiestas masivas en una isla, frente a la ciudad de Victoria, en abierta violación a una medida cautelar tendiente a proteger de alteraciones el ambiente.
El abogado Federico Fernández Garrone, titular de la empresa Garden Producciones, deberá abonar la suma de 500 mil pesos y plantar cincuenta ejemplares de ceibo en la zona de humedales; mientras que Matías Morandin, también productor de eventos; se comprometió a abonar 300 mil pesos y deberá plantar treinta árboles. El dinero será entregado en partes iguales a la Asociación Bomberos Voluntarios y al Hospital Geriátrico Domingo Cuneo, ambas instituciones de Victoria.
Los empresarios, además, deberán realizar un curso en materia ambiental ante la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, que a su vez será el organismo encargado de controlar que cumplan con la implantación de los plantines de ceibo.
La medida fue dispuesta en un acuerdo entre los empresarios y la fiscal auxiliar Rosana Luggren, en virtud de que ambos violaron una medida cautelar que había dispuesto “la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente, especialmente la quema de recursos naturales, actividades que impliquen riesgo de incendio aún de carácter accidental; construcción de diques o terraplenes de cualquier naturaleza o realización de actividades que pongan en riesgo el ecosistema”.
En ambos casos, los abogados defensores, cada uno por su lado, ofrecieron una reparación integral del daño eventualmente ocasionado, como una salida alternativa a la sanción penal, y solicitaron la extinción de la acción penal y el consecuente sobreseimiento de Fernández Garrone y Morandin.
El primer caso se inició el 7 de agosto de 2022, en el marco de las actuaciones de prevención llevadas a cabo por la Prefectura Naval Argentina en el parador Garden Island, propiedad de Fernández Garrone, a raíz de que se detectó la realización de trabajos hídricos y la presencia de maquinarias en una isla. Más aún, el 9 de octubre, autoridades municipales verificaron la realización de un espectáculo público, para el cual no se había emitido el permiso correspondiente.
La segunda investigación se originó el 11 de febrero de 2023, en el marco de las actuaciones de prevención llevadas a cabo por personal de la Delegación en Islas de la Municipalidad de Victoria y de la Policía de Entre Ríos para constatar la realización de un espectáculo público en el parador Varsovia, que regenteaba Morandin. En esa oportunidad, los efectivos verificaron el incumplimiento de la medida cautelar dictada para la protección de la zona.
Los empresarios fueron imputados por el delito de desobediencia judicial, que prevé penas de quince días a un año de prisión para quien “resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.