La presidencia del jury y los delicados tiempos por venir
10/07/2024
En el Senado se abrió un debate sobre quién debería presidir el instituto en el que se juzga a integrantes de dos poderes del Estado, el Ejecutivo y Judicial. Una iniciativa que se echó a rodar y que apunta a dos funcionarios de organismos de control.
Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial
La presidencia del Jurado de Enjuiciamiento es una decisión delicada. No por el lugar en sí, sino por los tiempos que se aproximan.
La renuncia de la senadora peronista Patricia Díaz a presidir el instituto constitucional y su reemplazo abrió una polémica, pero antes plantó un antecedente. Ese lugar corresponde a la mayoría, en este caso el PJ.
En Juntos por el Cambio entienden que debe ser ocupado por Rafaél Cavagna, pero resulta que este senador radical que está como suplente integra el bloque de la minoría.
El artículo 10 de la ley de Jurado de Enjuiciamiento dice que los suplentes asumen “en caso de recusaciones e inhibiciones”. Nada dice sobre renuncias. Posiblemente el legislador lo haya redactado de esa manera con la certeza que la presidencia es de la bancada mayoritaria, no de dos legisladores (de diferentes fuerzas).
El bloque del oficialismo, minoritario en el Senado, solicitó una opinión al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. Esta no es vinculante. En Juntos ya anunciaron que si la respuesta es desfavorable se llevaría el caso a los tribunales. De avanzar con esta idea se abriría un largo peregrinar en los tribunales.
La conformación del Jurado de Enjuiciamiento se tornó un tema más delicado que en otras épocas. En primer lugar porque la política se ha judicializado y la Justicia se ha politizado de manera escandalosa. En segundo lugar por casos que no se han resuelto y podrían recaer en el jury.
En ese instituto se lo denunció al procurador general, Jorge Amilcar Luciano García. También podría suceder que la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidiera que el proceso por el que se juzgó y destituyó por mal desempeño a Cecilia Goyeneche se vuelva a realizar.
El jury está integrado por los vocales del Superior Tribunal Justicia (STJ) Leonardo Portela, Miguel Ángel Giorgio y Susana Medina; mientras que Laura Soage y Gisela Schumacher son suplentes. En representación del Colegio de la Abogacía, Alejandro Gonzalo García Garro juró como titular; y Laura Madoz y Fernando Varela como suplentes.
Por la Cámara de Diputados lo hicieron como titular el radical Marcelo López y como suplente, su par Alejandra Pérez, también del bloque de Juntos por Entre Ríos. Cómo se apreciará, lo que se impone es la mayoría.
En el seno del Gobierno hay sectores, minoritarios, que han hecho correr la posibilidad de liberar dos cargos estratégicos en órganos de control y que la Constitución provincial otorga estabilidad más allá de una gestión. Estamos hablando del fiscal de Estado y el presidente del Tribunal de Cuentas, Julio Rodríguez Signes y Diego Lara, respectivamente. En ambos casos, pueden ocurrir dos cosas: que se generen las vacantes por voluntad propia de quienes se desempeñan en esos cargos o por un proceso en el que se juzgue el desempeño. Si hay denuncia, la misma debería tramitar en el Jurado de Enjuiciamiento.
¿Está en la cabeza de Rogelio Frigerio dar este paso? No. Cerca del Gobernador niegan esa iniciativa y ponen como argumento que Rodríguez Signes está al frente, junto con Frigerio, del juicio más importante que tiene la provincia: los reclamos por la deuda de Anses.
Cuando se puso de relieve en la escena pública el escándalo por el pago de coimas a la empresa de seguridad de los hermanos Tortul en Enersa, los detractores del fiscal de Estado compraron pochoclo. Lo mismo ocurrió cuando el “empresario” José Uriburu desparramó acusaciones en el marco de la causa con epicentro en el puerto de Concepción del Uruguay y salpicó a Rodríguez Signes. En ninguno de los dos expedientes está el funcionario.
Sobre Lara, lo único que se sabe, es la adquisición de mobiliario para el organismo que preside cuyo proceso licitatorio se inició en 2022 y, según quien lo mire, debería llamar la atención.
En el edificio de la esquina de Andrés Pazos y Corrientes coinciden en el autor. Le apuntan al secretario Legal y Técnico, Esteban Vitor, crítico en su momento del concurso por el cual Lara llegó a presidir el Tribunal de Cuentas. También le adjudican estar atrás de una renovación en Fiscalía de Estado.
Frigerio no ha demostrado interés en modificar, por ahora, la estructura de funcionarios en los organismos de contralor. La semana pasada la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado firmó el dictamen para prestar acuerdo al nombramiento del Contador General, Andrés Zabala; y para la Tesorería General, Ingrid Corona. Ambos nombres fueron propuestos en la gestión de Gustavo Bordet.
