Las vacantes de la Justicia Federal en la provincia

12/11/2024

El Poder Ejecutivo anunció la remisión de pliegos de jueces, fiscales y defensores de la Justicia Federal. En el listado deberían aparecer los postulantes para ocupar dos cargos en la provincia de Entre Ríos. La jurisdicción tiene seis vacantes y dos cargos que están cubierto por subrogantes, pero no se puede concursar.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

El Gobierno nacional está ultimando detalles para mandar al Senado 150 pliegos de jueces, fiscales y defensores federales, en un intento por retomar la iniciativa política en la puja por las designaciones de los nuevos miembros de la Corte Suprema.

Se trata, aproximadamente, de un tercio de los cargos vacantes que tiene la Justicia Federal, donde hay una situación crítica por la demora en la tramitación de causas y el desorden que provoca en el funcionamiento del sistema judicial, en la medida en que se debe recurrir a subrogancias para la cobertura de cargos.

Es de esperar que en el listado aparezcan nombres para la cobertura de cargos vacantes en Entre Ríos: un juez en el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, cuya terna se elevó al Poder Ejecutivo en 2020; y el defensor oficial ante el Juzgado Federal de Victoria, que se remitió en 2022.

Quedan en la jurisdicción otros dos concursos en trámite, tres cargos vacantes cuyos concursos aún no han sido convocados y el curioso caso de un fiscal que nunca pisó la provincia –ejerce en otra jurisdicción–, pero retiene su cargo.

Cada caso tiene sus particularidades y conviene detenerse en algunas. El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay fue habilitado en 2017 y juraron como jueces Mariela Emilce Rojas, Jorge Sebastián Gallino y Juan Manuel Iglesias, que habían sido designados en 2015. Pero el ínterin, Iglesias pidió su traslado y fue autorizado a asumir en la provincia de Chaco. Sin embargo, en 2020, la Corte Suprema limitó los traslados a dedo, obligando al magistrado a retornar a su lugar de origen. Lo insólito fue que para ese momento el Consejo de la Magistratura ya se había convocado a un nuevo concurso y había tres postulantes esperando por esa vacante.

Planteada la disyuntiva, la solución será el incumplimiento de un fallo judicial, que se consumará el día que el Poder Ejecutivo remita el pliego del postulante, surgido de una terna que integran Elena Beatriz Dilario, Claudio Daniel Galdi y Patricio Hugo Pagani, según el orden de mérito.

Tampoco la fiscal general asumió en su cargo. Estela Fabiana León pasó ad desempeñarse como fiscal ante los tribunales orales de la Ciudad de Buenos Aires. En su lugar fue designada interinamente Milagros Squivo, que venía desempeñándose como fiscal de primera instancia y le dejó su cargo a Josefina Minatta, que trabaja al mismo tiempo como fiscal federal de Concordia y Concepción del Uruguay. Como León retiene el cargo, no se puede llamar a concurso para cubrir la vacante de fiscal ante el tribunal oral. Insólito.

La otra novedad podría llegar al Juzgado Federal de Victoria, si es que el Poder Ejecutivo remite el pliego del candidato para ocupar la Defensoría Pública. La terna está integrada por Paula Inés Lo Gioia, Ana María Blanco y José Alberto Boxler, que ocupa el cargo interinamente.

En Victoria se da una situación realmente singular. Hubo que esperar a que el Juzgado Federal cumpliera la mayoría de edad para su habilitación, pero en el decurso del tiempo hubo un puñado funcionarios que concursaron y no asumieron, algunos que ejercieron a distancia, unos cuantos subrogantes y uno que retiene el cargo sin haber pisado nunca la ciudad. Se trata de Ignacio Mahiques, el fiscal federal.

Ignacio Mahiques tiene 39 años, es el hijo mejor de Carlos Mahiques, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país; y hermano de Juan Bautista Mahiques, fiscal general porteño.

Fue propuesto por Cristina Fernández de Kirchner en el año 2015, juró e inmediatamente fue designado en la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Número 35 de la Ciudad de Buenos Aires. A los pocos meses, ya con la ex Presidenta fuera del poder, pasó a colaborar con el fiscal Gerardo Pollicita en causas por corrupción contra la ex mandataria y su familia. De hecho, fue uno de los fiscales que investigó el presunto direccionamiento de obras viales en Santa Cruz.

En 2023 asumió como juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Página Judicial no pudo confirmar que haya renunciado. Si no lo hizo, retiene el cargo de fiscal federal de Victoria, por lo cual no se puede concursar.

En el mapa judicial entrerriano hay, además, dos concursos en trámite: para cubrir el cargo de defensor oficial ante el Juzgado Federal de Concordia, que actualmente ocupa Alejandro Castelli como subrogante; y la Defensoría Pública de la Víctima, un cargo que se estrenaría en la jurisdicción.

El Defensor Público de la Víctima es una figura creada mediante la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos Número 27.372, sancionada a mediados de 2017, para garantizar, entre otras cuestiones, la asistencia jurídica a quienes resulten damnificados por delitos graves.

La ley prevé la creación de centros de protección y de asistencia a las víctimas de delitos como narcotráfico, trata de personas o crímenes de lesa humanidad, los que deberán contar con médicos, psicólogos, asistentes sociales e investigadores especializados; y les asegura también la representación jurídica a través de la figura del defensor público de la víctima.

Concretamente, los damnificados de un delito tienen derecho a contar con patrocinio legal gratuito, tanto durante el proceso como en el período de ejecución de la pena, podrán constituirse como querellantes, participar de las declaraciones de los testigos (a través de su abogado) y deberán ser notificados sobre las excarcelaciones, los permisos de libertad condicional o las salidas transitorias a que aspiren acusados y condenados.

El concurso está a cargo de la Defensoría General de la Nación; se convocó en 2023, el jurado aprobó la inscripción de 63 postulantes y está en proceso.

También está vacante el cargo de fiscal federal de Paraná. Mario Silva se jubiló en 2018, fue sucedido por Carlos García Escalada y actualmente lo ocupa Leandro Ardoy. El Ministerio Público Fiscal no ha llamado a concurso.