Siguen concediendo Probation a acusados de intentar beneficiarse mediante la compensación irregular de impuestos
En la continuidad de las audiencias para dirimir las responsabilidades de ex funcionarios y empleados de la ATER y ciudadanos que se beneficiaron con la compensación ilegal de impuestos, este viernes se concedió la Suspensión del juicio a prueba o Probation a ocho imputados. Se sumaron a los cuatro que accedieron al mismo beneficio el miércoles 12. Pagaron sumas exiguas como reparación del daño al erario público.
viernes 14 de marzo de 2025 | 13:13hs.
Este viernes 14, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por Alejandro Grippo, Mauricio Mayer y Juan Malvasio, resolvió conceder el beneficio de la Suspensión del juicio a prueba o Probation por el plazo de tres años con el cumplimiento de normas de conducta, a Beatriz Levinzonas; Raúl Norberto Premaries; Walter Gilberto Castañeda, Jorge Luis Malleret; Manuel Isauro González; Ricardo Horacio Van Der Donckt; José Manuel Ditrich y Fulvio Valentin Dapit.
El miércoles 12 -como informó APFDigital-, hicieron lo propio Miguel Ángel Banega, Alberto Francisco Bonvin, Mauro Fabián Neme y Claudio María Santiago. Como se dispuso respecto de estos cuatro, los ocho que se presentaron en Tribunales este viernes, aceptaron cumplir con reglas de conducta, entre las que se encuentra que deberán realizar tareas no remuneradas en una institución de bien público y la obligación de informar a la Justicia si van a salir del país.
Acuerdos
Ditrich, un ingeniero agrónomo de 56 años oriundo de Aldea Brasilera, se comprometió a pagar – de acuerdo a una escala acordada que comprende el 50% de las sumas por las que se beneficiaron perjudicando al erario público- 125.000 pesos.
Dapit, de 30 años, comerciante de Paraná, y González, también oriundo de Paraná, lo hicieron por la suma de 50.000 pesos. Premaries, de 71 años, comerciante oriundo de Sauce de Luna, pagará 110.000 pesos.
Levinzonas, de 82 años, farmacéutica y comerciante de Concordia, pagará 50.000 pesos, suma que compensará con la comprar por aquella suma de pañales que se entregará a un hospital o entidad a designar por la Oficina de Medidas Alternativas (OMA).
Por su parte, Malleret, de 60 años, comerciante y docente jubilado de Concordia, pagará 50.000 pesos. Van Der Donckt, de 60 años, comerciante con estudios universitarios oriundo de Villaguay que vive en Concordia, pagará 80.000 pesos, y por último, Castañeda, de 48 años, comerciante de San Benito, pagará 50.000 pesos.
Todos los ciudadanos y ciudadanas que comparecieron en los Tribunales de Paraná fueron imputados por la supuesta comisión del delito de Defraudación a la Administración Pública en relación a la denuncia que presentó a comienzos de su gestión. a principios de 2014, como director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casaretto, quien amplió la denuncia en junio del mismo año, contra funcionarios y empleados del organismo de la anterior gestión de Guillermo Linesky, ex titular de la desaparecida Dirección General de Rentas (DGR).
El hecho
Casaretto presentó la denuncia para que se investigue si “Darío Fabián Barreto, en su calidad de agente de la Administración Pública Provincial, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2011, desempeñándose como Director del Interior, en la DGR -hoy ATER- actuando en connivencia y de común acuerdo con otros agentes, identificados como: María Estrella Martínez de Yankelevich -Jefa de Departamento Despacho-; Abelardo Daniel Gaggion -en su calidad de Jefe de Mesa de Entradas-; Fabrizio Abraham Carmelo Dayub -en su calidad de agente técnico administrativo del área-; con los Contadores Públicos Julio Schmukler y Luis Alfredo Speroni” beneficiaron a 85 particulares y 55 firmas y empresas de numerosos y distintos rubros, con “un beneficio patrimonial indebido, en perjuicio de los intereses que se encontraban bajo su cuidado”, simulando “operaciones de compensaciones tributarias para contribuyentes acreedores de deuda líquida y exigible del Estado Provincial, eludiendo en su totalidad el trámite administrativo previsto por la normativa vigente para este tipo de operatoria y sin contar con las Resoluciones Ministeriales respaldatorias…”. (APFDigital)
