Este martes 12 de agosto, la Corte de Apelaciones de Nueva York decidirá si mantiene o levanta la suspensión que impide a Argentina entregar el 51 por ciento de las acciones de YPF como pago por un juicio de 16.100 millones de dólares, más intereses diarios, derivados de la expropiación de la petrolera en 2012.
La jueza Loretta Preska ordenó en junio pasado que Argentina debe pagar esa suma con las acciones que controla en YPF, por no haber realizado la Oferta Pública de Adquisición que el estatuto de la empresa exige. La causa no cuestiona el derecho a expropiar ni la soberanía, sino que apunta a la falta de cumplimiento de normas del mercado de capitales de Estados Unidos.
La Corte puede optar por:
Mantener la suspensión de la entrega de acciones y abrir una nueva instancia para resolver el fondo del asunto.
Levantar la suspensión y obligar a la Argentina a transferir las acciones, lo que podría derivar en embargos contra el Banco Central o YPF si el país no cumple.
Permitir la suspensión, pero exigir que Argentina compense con otros activos, como bonos, en lugar de las acciones.
Si la Corte no mantiene la suspensión, Argentina deberá negociar un acuerdo o enfrentará riesgo de desacato judicial y embargo de reservas.
El juicio comenzó en 2015, financiado por Burford Capital, una empresa que compró el derecho a litigar tras la quiebra del Grupo Petersen, accionista clave que sufrió pérdidas tras la expropiación.
Este fallo marcará un hito en uno de los litigios más grandes por expropiación en la historia reciente argentina y podría afectar la situación financiera y el acceso a los mercados internacionales del país.
