Ante el avance de un proyecto sobre prácticas fitosanitarias, Blanca Osuna alertó sobre los efectos de los agrotóxicos
La diputada nacional Blanca Osuna expresó su enérgico rechazo al proyecto de ley sobre “Buenas Prácticas Fitosanitarias” (expediente 26.117), que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos y actualmente se encuentra en tratamiento en la Cámara de Senadores.
Lo hizo través de una presentación que resume aportes críticos, antecedentes de estudios científicos, fallos judiciales y observaciones al proyecto que impulsa el gobernador Rogelio Frigerio el que dirigió a la Presidenta del Senado y vicegobernadora, Alicia Aluani, y a los senadores de los bloques mayoritarios, Martín Oliva y José Vergara.
Osuna destacó 2la gravedad de las consecuencias de la ley que pone en riesgo la salud de docentes, estudiantes, familias y comunidades rurales de la provincia, y del ambiente”, dijo.
En la presentación, la diputada remarcó “el valor de las voces que expresan demandas y temores fundados en casos reales de docentes, estudiantes, familias fumigadas, aportes de científicos, médicos, ingenieros, organizaciones docentes y ambientales que han padecido el uso indiscriminado de agroquímicos y a su vez de quienes han estudiado científicamente el tema y buscan aportar”.
“Este proyecto de ley no puede avanzar sin escuchar a quienes realmente padecen consecuencias del uso de químicos que están estrictamente prohibidos en muchos países por sus comprobados efectos nocivos. Los entrerrianos tienen derecho a ser escuchados y a ser protegidos. De darse la aprobación de esta ley, los legisladores y la comunidad deben saber que se está habilitando una acción dañina y riesgosa para la vida humana, los seres vivos y el ambiente”, afirmó Osuna.
La diputada nacional explicó que el proyecto de ley impulsado por el gobernador Frigerio favorece los intereses de los grandes laboratorios productores de agroquímicos, poniendo en peligro la salud de quienes viven en zonas rurales. “Quienes están en el tema saben los intereses en juego, el poder de grandes laboratorios que producen agroquímicos, el comercio afín y las redes vinculadas a ese negocio son quienes están desesperados en que esta ley salga pronto”, sostuvo.
Sostuvo Osuna que estudios médicos y científicos han mostrado que la exposición a agrotóxicos está directamente vinculada con graves consecuencias para la salud, especialmente para la salud infantil. En ese sentido alertó que “esta ley no solo carece de una base científica sólida y de perspectiva amplia en cuanto a lo que debe considerar sino que también ignora los derechos fundamentales de las y los ciudadanos. Además, las organizaciones docentes y ambientales han advertido sobre los riesgos de la ley, que reduce las distancias de seguridad para las fumigaciones, y propone el uso de tecnologías como los drones, sin garantías probadas para la protección de la población”.
“Esta ley vulnera derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a un ambiente sano y equilibrado y el derecho a la salud, consagrados tanto en la Constitución Nacional como en la de la provincia de Entre Ríos”, explicó Osuna. El proyecto reduce las franjas de seguridad para la fumigación con agrotóxicos a solo 15 metros de las escuelas, lo que a su juicio “contraviene contundentes fallos judiciales previos que establecen distancias mucho mayores”.
Además, el proyecto contempla la creación de un Consejo Asesor Fitosanitario con una composición a su juicio “tendenciosa y desigual a favor de quienes se inclinan por el uso de eso productos peligrosos, y excluye premeditadamente a especialistas de salud”. La participación de docentes y ambientalistas es significativamente minoritaria, afirmó. “Este Consejo, excluye a los afectados, ya que concluirá por mayoría, a pesar que según la ley es responsable de fijar protocolos de uso. Por eso se constituye en una excusa burlona de participación falsa. Permitir que los intereses del gran comercio de Agrotóxicos prevalezca sobre la salud de nuestros niños y niñas está en manos de legisladores entrerrianos”, expresó Osuna.
Por esa conclusión, la diputada instó a “detener el tratamiento del proyecto hasta que se realice una revisión exhaustiva y participativa, que contemple las voces de las comunidades rurales y de los especialistas que advierten sobre los riesgos”.
“Hoy nos toca hacer frente a un proyecto que no solo es una amenaza para la salud, sino también para el futuro de nuestras generaciones. Las y los entrerrianos tienen el derecho a vivir en un ambiente libre de tóxicos y a que sus voces sean escuchadas en el debate”, concluyó Osuna.
