29/08/2025
Denuncias que recibieron funcionarios fueron desestimadas. Información que da vuelta por estas horas sobre la polémica droguería que puso en crisis al gobierno nacional ocupa las portadas de los medios es desmentida por el gobierno provincial.
Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial
Rogelio Frigerio tiene motivos para estar aliviado si ha recibido las noticias que suceden en los tribunales de Paraná. El Ministerio Público Fiscal desestimó dos denuncias que pesaban sobre su gestión.
En los dos casos, quien las propició fue un abogado de Paraná, de nula reputación pública y baja en el ámbito penal. Esto no lo hace ni bueno ni malo. Su nombre es Emmanuel Berta Schroder.
En noviembre del año pasado denunció al presidente de Compañía Entrerriana de Gas SA (Cegsa), Agustín Siboldi, por el presunto delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
El denunciado aparece como integrante del estudio jurídico O’ Farrell. Este buffet, instalado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asesora hace años a Enersa. Para Schroder el señor Siboldi está de los dos lados del mostrador y, por esa razón, debía ser investigado. En su escrito fue más allá: lo vinculó a “los intereses económicos de Jaime Barba”. Éste último, que los entusiastas del rugby lo pudieron ver en primer plano en la transmisión del partido de los Pumas del sábado, es conocido en la empresa estatal de energía hace años.
Barba tuvo su paso por la Presidencia de Enersa y actualmente es director general de Camuzzi Gas. Para el denunciante, Siboldi, a través de O´Farrel, planean quedarse con Cegsa. Si esto es verdad, que no se entere Joaquín Benegas Lynch.
Su hipótesis, la información y su desconocido desvelo por la corrupción generan sospechas en sus sospechados. No tienen dudas de que hay alguien detrás.
La segunda denuncia que fue desestimada por Badano es la que se formuló contra los directores de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Jesús Rafael Korell y Rafael Cardoso, por el presunto cobro indebido de los impuestos automotor e inmobiliario que no están normados en una ley. En rigor no se prorrogó la ley y el cobro quedó sin sustento legal. Guillermo Michel, hoy candidato a diputado nacional por el peronismo, fue quien se percató de este vacío legal. La polémica mereció la difusión de un documento del Colegio Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos advirtiendo sobre la falta de una norma y la irregularidad que significaría aprobar una ley retroactiva para subsanar el problema.
Los archivos de estas causas coinciden con el cambio de gestión en la Secretaría de Justicia, donde Martín Acevedo Miño fue reemplazado por Julián Maneiro. La nueva etapa se ha nutrido de un operador externo, según comentan en los pasillos de los tribunales.
Aún quedan dos causas en trámite que involucran al Gobierno. Una de ellas es la que interpuso Rubén Pagliotto y Mariano Giampaollo contra los integrantes de la intervención del Iosper, hoy OSER, la obra social estatal.
Badano se apresta a seguir requiriendo información. Por estas horas anduvo circulando con insistencia la versión de que el Gobierno tiene como proveedor a la droguería Suizo Argentina, que ocupa hace una semana la tapa de todos los portales en el marco del escándalo por el supuesto cobro de coimas por parte de la hermana del Presidente y los Menem.
Algunos periodistas de la comarca tomaron esa información y la difundieron. Lo mismo hizo el ex vocero de Cristina Kirchner, Alfredo Scoccimarro, en su programa de Radio del Plata Buenos Aires. En el Ejecutivo provincial negaron rotundamente esa versión ante Página Política.
Circuló un pedido de informes de la diputada justicialista, Lorena Arrozogaray, para saber si Entre Ríos tiene como proveedor a la droguería de la polémica. En la petición anexa entre otros argumentos un informe del sitio Chequeado que, al hacer click, el link aparece como inexistente, pero si uno ingresa al sitio se encuentra con un nuevo link. En este último aparece precisamente una aclaración donde dice que la provincia no tiene relación con Suizo Argentina. Es probable que Chequeado lo haya chequeado y haya sacado a la provincia. Gentilezas del periodismo digital.
Juan Domingo Zacarías está siendo investigado por enriquecimiento ilícito. Por esa pesquisa se apartó del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE). La causa está en trámite. Luego de la apertura al entonces interventor se le secuestró el celular. En torno a esa medida comenzaron a surgir rumores. Fue raro, porque el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, se muestra y parece actuar más como el jefe de la policía que como un funcionario civil de saco y corbata inmiscuido en un despacho. Quizás debió saber de antemano lo que sucedería.
Sobre Roncaglia pesa una paradoja, si es que la versión que se cuenta es verdadera. Pese a tener un perfil de mando de la fuerza, pareciera ser que no fue quien decidió sobre la designación del jefe de la Policía, Claudio González. El nombre, según la versión, lo sugirió Susana Medina, la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que conoce a González del Instituto de Formación Policial de Entre Ríos, donde ambos dan clases. Quienes narran esa trama lo adjudican a una devolución de favores por el caso de Mauricio Davico, el intendente de Gualeguaychú, que contó con un voto a favor de la magistrada para poder ser candidato.
