El presidente del directorio obrero del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), Fernando Cañete, se refirió a la situación del organismo ante el escenario inflacionario del país.  

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Cañete mencionó que “por aplicación de la ley no podemos adquirir productos que no sean a valor dólar oficial, pero es cierto que la devaluación de agosto nos afectó muchísimo” y como ejemplo mencionó que “un medicamento de 80 millones de pesos se terminó pagando 100 millones de pesos después del proceso electoral”.

“Con los movimientos del dólar blue nosotros tenemos una discusión muy fuerte con los distintos prestadores porque eso ocurre generalmente en la actividad privada, no con nosotros. Pero sí lo que fue la devaluación y el movimiento del dólar oficial en agosto, nos afectó muy fuerte”, reiteró.

Consultado por la incertidumbre de lo que puede pasar tras las generales del 22 de octubre, comentó: “Lo que estamos haciendo desde la semana pasada es hablar con cada uno de los proveedores –prótesis y medicamentos especialmente- que nos han expresado que no tenemos inconvenientes, fundamentalmente aquellos medicamentos que son para terapias complicadas, como los oncológicos, que no deben faltar. Estuve reunido la semana pasada con el presidente del Colegio, hoy estuve con integrantes del Colegio de Farmacias, he hablado con algunos proveedores de Buenos Aires y está todo garantizado, pero tenemos que ver qué va a pasar después del domingo dependiendo del resultado. Nosotros aspiramos a que no haya ningún tipo de modificación pero lo decidirá el electorado”.

En cuanto a clínicas y sanatorios de afuera de la provincia, mencionó que “como en la provincia de Entre estamos teniendo un valor arancelario bastante novedoso, bastante actualizado para lo que es el mercado, nos habilita a tener la accesibilidad con los prestadores a nivel nacional –ya sea de Córdoba, de Rosario o de Buenos Aires- teniendo más o menos equilibrados los valores arancelarios. Son conversaciones, discusiones que se dan, ir ajustando algunas necesidades que plantean y nosotros tenemos la solvencia para ir acompañando ese tipo de cosas. De hecho, también lo hacemos en Entre Ríos, hemos dado el 8% de aumento a partir de noviembre para todos los prestadores, y por supuesto quedamos supeditados a que, si hay algún vaivén económico, sentarnos y volver a readecuar los valores arancelarios”.

De todos modos, también aclaró que “respecto de los prestadores nacionales, la incidencia que tenemos en la actualidad es relativamente baja, un 2,5% de las prestaciones que se brindan por mes son recibidas por afiliados fuera de la provincia y tratamos de acordar con los prestadores valores arancelarios conformes a la realidad del mercado de la región y de los valores que estamos pagando nosotros”.

Consultado por los frentes judiciales que tiene el organismo, comentó: “Algunos jueces no comprenden la realidad, el otro día tuvimos la experiencia de un médico clínico que prescribe una silla de ruedas de 15 millones de pesos cuando eso debe realzarlo un especialista. Fuimos al amparo que por supuesto perdimos y terminamos pagando 15 millones de pesos una silla de ruedas. Y lo mismo sucede con algunos medicamentos de uso compasivo que no están dentro del vademécum en el país, pero siempre hay alguna birome de algún juez que nos termina condenando y tenemos que pagar. O amparos por las válvulas aorticas que salen 11 millones de pesos, que no es que no las quiera brindar pero hemos tenido alrededor de seis afiliados en los últimos tres años, de los cuales cinco fallecieron, entonces la casuística para nosotros es importantísima”.

Sobre las perspectivas para el año próximo, Cañete señaló que “nosotros  vinimos trabajando desde hace bastante tiempo y en los últimos tres o cuatro años lo que hicimos fue prever una cuestión financiera y económica prudente para que nos habilite la posibilidad de tener un año 2024 con previsibilidad, justamente porque sabíamos que estaba el proceso electoral y no sabemos si va a continuar el mismo gobierno o si va a cambiar y por eso necesitamos tener previsibilidad. A eso nos estamos aferrando para tener los recursos suficientes para poder acompañar la demanda que hacen nuestros prestadores”.

“A septiembre de 2023 habíamos dado un 122,81% de aumento, con el 8% de noviembre nos vamos al 132,63% de aumento acumulado, y previsto ya un 10% de aumento a partir del 1 de enero a cuenta de lo que pueden ser las futuras negociaciones salariales. Esto es lo que hemos encaminado como previsibilidad aparte de tener una consistencia y solidez en la liquidez que es lo que pretendemos preservar para ver cómo serán los movimientos de, al menos, los primeros seis meses del año que viene”, concluyó.