El Gobierno consiguió un “bozal” judicial para impedir la reproducción de los audios filtrados que involucran a la secretaria de Presidencia, Karina Milei, y a su asesor Eduardo “Lule” Menem en una trama de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

La decisión fue tomada por el juez Alejandro Patricio Maraniello, quien ordenó el “cese inmediato” de la difusión de grabaciones atribuidas a la hermana del presidente dentro de la Casa de Gobierno. El fallo se apoya en la Ley de Inteligencia Nacional y fue celebrado por el oficialismo como un triunfo institucional.

En paralelo, la Casa Rosada denunció un “ataque ilegal y planificado” con el objetivo de “desestabilizar el país en plena campaña electoral”. El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo: “No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”. La causa recayó en el Juzgado Federal 12, a cargo de Julián Ercolini.

El Ejecutivo también apuntó contra periodistas y empresarios como Mauro Federico, Jorge Rial, Pablo Toviggino y Franco Bindi, señalándolos como responsables de la difusión. La Justicia ordenó allanamientos en domicilios particulares y en el medio digital Carnaval Stream.

Desde el oficialismo sostienen que los audios constituyen “un intento de manipulación clandestina de la opinión pública” y que podrían haberse grabado incluso en la Casa Rosada, lo que calificaron como “una amenaza inédita a la seguridad institucional”.

Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar. Jorge Rial denunció que “esto se está convirtiendo en un régimen totalitario” y que la medida judicial es “un acto de censura previa”. “Nosotros hacemos periodismo, no coimas. El Gobierno quiere callar a la prensa y confirmar, con su reacción, que los audios son reales”, lanzó el conductor.

El episodio deja en el centro de la tormenta al oficialismo, que enfrenta acusaciones de corrupción en la Andis, el desplome de la confianza social y ahora cuestionamientos por el uso de la Justicia para intentar blindar a la cúpula del poder.