13/08/2025

El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura recibió a familiares de Guillermo Ramírez, el hombre de 38 años que murió en custodia policial, tras haber sido detenido en una plaza pública. Los imputados habían aprobado con sobresaliente los cursos de intervención ante situaciones que involucran a personas en una crisis de salud mental. El hecho vuelve a poner en cuestionamiento su determinación a seguir los protocolos.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

A casi cinco meses de la muerte de Guillermo Ramírez, la causa que tiene bajo investigación a cuatro efectivos de la Policía de Entre Ríos, se ha empantanado y la familia ni siquiera ha podido inhumar al joven.

Cuatro policías están acusados de haber torturado hasta la muerte al joven, en un procedimiento que se desarrolló el jueves 27 de febrero, en Villa Libertador San Martín, luego de que, aparentemente, recibieran un llamado al 911 que alertaba sobre una persona que habría estado realizando actos de exhibiciones en la Plaza 25 de Mayo.

El informe preliminar de la autopsia consignó que Ramírez, de 38 años, murió por asfixia mecánica; también detectó que tenía golpes en la cabeza, en el rostro, brazos y piernas; algunas costillas rotas y sangre en los pulmones.

Por el hecho hay cuatro policías imputados: Rubén Darío Ricle, Jonathan Exequiel Vera, los efectivos que lo detuvieron en la plaza aquella tarde de febrero; Mariana Cepeda, que asistió a sus compañeros en el procedimiento; y Fernanda Toffoli, la jefa de la comisaría de Villa Libertador San Martín.

En ese contexto, los abogados defensores han objetado el informe de la autopsia y pidieron que sea revisado por peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

También está pendiente la realización de análisis toxicológicos para determinar si Ramírez había consumido alcohol o algún tipo de sustancia. Usualmente, este tipo de estudios son realizados por la Policía de Entre Ríos. Pero, al haber efectivos involucrados, la fuerza fue apartada de la investigación; y la Gendarmería respondió que no tiene capacidad para hacerlos. Entonces, las muestras fueron remitidas al Consultorio Médico Forense del Poder Judicial de Santa Fe.

Mientras tanto, los cuatro policías involucrados permanecen activos, pero “en disponibilidad”, es decir que han sido temporalmente retirados de sus funciones operativas, pero siguen perteneciendo a la institución.

En off the record, desde la Policía dicen estar a la espera de la resolución de la causa penal, pero mantienen bajo siete llaves el sumario interno, que debería determinar si los efectivos cumplieron con los protocolos frente a situaciones que involucran a personas en una crisis de salud mental o consumos problemáticos.

El protocolo de intervención destinado a dotar a la Policía de herramientas para intervenir ante situaciones que involucran a personas en una crisis de salud mental o consumos problemáticos, aprobado en 2024, establece que “será prioridad la salvaguarda del estado de salud del individuo” y “el objetivo final de la intervención es reducir los riesgos hasta la llegada de los servicios de salud”.

En el legajo se ha probado que los cuatro efectivos recibieron la capacitación y se acreditó con sus diplomas que la habían aprobado con una calificación sobresaliente, de modo que conocían las pautas de intervención.

Sin embargo, en lugar de conducir a Ramírez hasta el Sanatorio Adventista del Plata, distante a tres cuadras de la sede policial, se ordenó su traslado a la Jefatura Departamental, a unos veinte kilómetros de Villa Libertador San Martín.

En medio de ese berenjenal burocrático, hace unos días, la ex pareja e hijos de Guillermo Ramírez, junto con el abogado que los representa causa, Nelson Schlotahuer, fueron recibidos por los integrantes del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura.

Esta primera reunión fue gestionada por los representantes de la sociedad civil y los familiares del joven hicieron un repaso de la investigación en curso, a cargo de la fiscal Romina Blasich, y entregaron un paper con las incidencias más relevantes del caso, en el que hicieron hincapié en las trabas que se suscitaron para la realización de pericias que han frenado la pesquisa; como también en la falta de acompañamiento del Estado en aspectos psico-sociales y la ausencia de todo tipo de reparación económica, especialmente para los hijos del joven, según pudo reconstruir Página Judicial.

Schlotahuer les hizo notar, además, sobre cortes e inconsistencias que alteran la secuencia de las grabaciones de las cámaras de seguridad que la Policía remitió a la fiscalía, donde se puede reconstruir el procedimiento.

El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura es un organismo de control, independiente de los poderes del Estado, que podrá monitorear los lugares de encierro a través de visitas periódicas no anunciadas, denunciar casos de tortura, documentarlos y recomendar políticas públicas para prevenir los malos tratos a personas detenidas.

El presidente es el senador Juan Pablo Cosso (PJ) y también lo integran Sofía Stamatti e Ignacio Journé, en representación de los organismos de derechos humanos; la subsecretaria de Derechos Humanos, María Emma Bargagna; y los diputados Silvina Deccó (PJ) y Silvio Gallay (Juntos por Entre Ríos).

Una tarde cualquiera en la plaza

Guillermo Ramírez, de 38 años, falleció luego de un procedimiento que se desarrolló el jueves 27 de febrero, en Villa Libertador San Martín, luego de que, aparentemente, la Policía recibiera un llamado al 911 alertando sobre una persona que habría estado realizando actos de exhibiciones en la plaza.

Aquel día de calor extremo, a las ocho y media de la noche, Ramírez estaba con un grupo de amigos en la plaza y no llevaba remera, tenía el torso desnudo; no cometía ni siquiera una contravención. Una hora después, estaba muerto.

A los pocos minutos llegó un móvil con dos policías a bordo: Rubén Darío Ricle y Jonathan Exequiel Vera. Luego dirían que el muchacho se resistió al arresto y que se produjo un forcejeo cuando intentaron subirlo a la camioneta.

En ese ínterin arribó un segundo móvil policial, que conducía Mariana Cepeda, quien asistió a sus compañeros en el procedimiento y los escoltó hasta la camioneta, donde el joven fue introducido esposado en el asiento trasero, tal como quedó registrado en los videos de las cámaras públicas. Testigos, de entre las decenas de personas que pululaban en la plaza a esa hora, refirieron que gritaba: “Auxilio, auxilio; me quieren matar”.

Ramírez fue trasladado a la comisaría local. Las cámaras de la dependencia policial muestran que no bajó del vehículo y a la jefa de la comisaría, Fernanda Toffoli, declaró a la fiscal que cuando se acercó al vehículo lo notó exaltado y que decía incoherencias. A su lado, dijo, estaba el policía Ricle.

Lo que ocurrió en ese traslado es determinante para la investigación. La fiscal ha señalado que existe una ventana de tiempo entre las 20.50 y las 21.20, en el momento del traslado a la Jefatura Departamental de Diamante. En la camioneta viajaban Ricle, Vera y Cepeda; Ramírez iba en el asiento trasero, esposado y con una escolta.

Las cámaras de la Jefatura Departamental muestran que los efectivos bajan el cuerpo inerte de Ramírez, esposado, y lo ingresan a la rastra a la sede policial. Un testigo refirió que lo depositaron inconsciente sobre una silla, que no lograba mantenerse sentado y, aun en esa condición, un policía se acercó a cambiarle las esposas.

Cuatro minutos después se ve que los mismos policías lo tiraron en la caja de la camioneta; Ricle y Vera subieron a la cabina y Cepeda iba con el joven. Lo condujeron hasta el Hospital San José, donde constataron que Ramírez estaba muerto.