El abogado Ramiro Pereyra, defensor de los policías retirados Ricardo Raffo y Fabián Basin en el sumario administrativo que se les tramitó en 2021, se refirió al proceso por el cual el gobierno provincial dispuso la “destitución por cesantía” del oficial principal retirado por acciones que fueron juzgadas como “quebrantamiento del orden policial”.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Pereyra señaló que “es tristísimo que el aparato del Estado se ocupe de hacer una suerte de seguimiento de redes sociales, de publicaciones en sitios de noticias e inteligencia de una movilización que fue absolutamente pacífica y pública en Gualeguaychú y en Paraná en 2020; una manifestación de oficiales y suboficiales retirados de la policía y del servicio penitenciario y sus familiares que reclamaban por algo que puede ser controvertido que es el derecho que tienen los funcionarios de esta fuerza para agremiarse, para sindicalizarse”.

Recordó que “en este caso se trata del sindicato Apropoler  que en aquel entonces tenía planteada una cuestión en sede judicial para el reconocimiento, pero finalmente la Corte Suprema de Justicia no les reconoció el derecho a agremiarse”.

Apuntó que “el decreto de cesantía de Basin, que es bastante anterior al de Raffo, abunda en palabras y habla del artículo 155 del Reglamento General del policía como fundamento de que los retirados están sujetos a la disciplina policial y la verdad es que el artículo 155 no dice eso. Dice que los retirados están sujetos a la disciplina policial pero en casos muy específicos: movilización, hechos cometidos en actividad, cuando se infringen disposiciones especiales”.

Definió que “esto es un ejercicio de pura fuerza con forma de derecho” y mencionó como casos que podrían caber en este tipo de sumarios el de tantos oficiales retirados que militan en política o “los funcionarios policiales políticos que pueblan la Municipalidad de Paraná trabajando con el intendente (Adán) Bahl, lo cual no es una crítica al intendente sino que es una crítica de la tremenda hipocresía del señor jefe de la Policía de Entre Ríos, porque lo que había era una movilización pacífica enmarcada constitucionalmente en el derecho a peticionar a las autoridades y donde uno de los puntos del reclamo era la posibilidad de sindicalizarse de los policías, que es un tema controvertido. Y con esto pareciera que los oficiales policiales retirados no podrían expresar públicamente sus opiniones”.

En este punto recordó “lo ocurrido en Concordia en 2013, en el gobierno de Sergio Urribarri, porque cuando funcionarios que tienen el uso material de la fuerza física se les permite ordenarse corporativamente hay un tema respecto del control efectivo que tiene el Estado, pero este no es el caso porque no estaban en funciones sino que son retirados”. “Fundamenté la defensa de Raffo y de Basin en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que es la falta de injerencia del Estado en los asuntos que tienen que ver con la conciencia y la actividad privada del hombre, porque no están sujetos al régimen disciplinario, salvo en situaciones especialísimas”, explicó el abogado.

“El poder tiene la característica de que el poder se ejerce, después se puede justificar o no, esto es un ejercicio del poder vestido de forma jurídica, pero que en realidad uno se da cuenta que es un poder desnudo, porque es básicamente que –y esto fue confirmado por el gobierno de la provincia- el jefe de la policía buscó sacárselos de encima formalmente, para que no molesten más, que no puedan participar de las elecciones del IOSPER. Esto dicho de manera grosera y sencilla, es un ejercicio de poder totalmente al margen de la juridicidad; después alguien hablando lindo lo vistió de forma jurídica”, definió Pereira.

Mencionó que las declaraciones públicas que se le imputan a Raffo, “no eran agraviantes, era un planteo duro en términos políticos gremiales, enfocados en el destrato hacia los funcionarios policiales en tanto trabajadores, hacia el jede de Policía principalmente y en menor medida, hacia la ministra (de Gobierno, Rosario) Romero. Pero no eran declaraciones que hiciera un oficial en actividad sino funcionarios retirados, y por otra parte, las declaraciones eran mesuradas. De todos modos, si hubiesen sido desmesuradas o agraviantes o en términos de injuria o calumnia, el derecho tiene otros mecanismos”.

Consideró que “hay un criterio groseramente arbitrario respecto de los policías retirados, que por suerte, después de terminar su actuación en la policía de la provincia, siguen otros caminos, y algunos de ellos vinculados a la actividad política”.

Reiteró que el argumento para el sumario es que “el estado policial no cesa con el retiro, lo cual es cierto, pero lo fundamenta en el artículo 155 al que le hacen decir algo que no dice. Ese artículo dice que se le aplica a todos los funcionarios policiales la disciplina policial a todo el personal en actividad y al personal en situación de retiro cuando preste servicio por razones de movilización o convocatoria en iguales condiciones al estado de actividad, pero acá no estaban ni movilizados ni convocados; cuando deba responder por hechos cometidos mientras estuvo en actividad y cuando infrinja disposiciones que especialmente se le refieran. Es decir que usando el artículo 155 no tienen poder jurídico para hacer lo que hicieron”.  

Por último, se refirió a los pasos que siguen en esta situación: “Esta decisión será recurrida en sede judicial, pero de todas maneras hay un año para plantear la demanda ante la Cámara Contencioso Administrativa de Paraná. Lo que estoy por presentar hoy es la demanda de Basin, suboficial de la policía que fue sumariado conjuntamente con Raffo, por las mismas causales. Jurídicamente esto es terrible porque los funcionaros en retiro no son muertos civiles, son funcionarios retirados”.

 “Es cierto que es terrible desde la perspectiva de estos oficiales y que no es una situación que agravie a toda la sociedad. Cuando uno ve cosas que contravienen de modo muy grosero principios jurídicos tan importantes, como abogado uno utiliza estos calificativos pero la verdad es que una cosa es el funcionario policial y los oficiales que instrumentan la fuerza pública, donde soy muy celoso porque puntualmente en Entre Ríos tuvimos hace 10 años una cuestión que muestra  que hay que tomarla en serio, pero también es cierto la situación de los policías en tanto trabajadores que es el reclamo que siempre planteaban Raffo y otros funcionarios. Pero me parece profundamente arbitrario y un ejercicio de poder desnudo la aplicación de este criterio a estos dos funcionarios policiales retirados, cuando no es razonable que se lo haga. Esto es de sentido común, si un policía retirado hace declaraciones vinculadas a la situación de los trabajadores policías, no está en uso del mando, no es ningún problema para el orden público. Esto es un ejercicio de poder del jefe de policía que se los saco de encima con las herramientas que tenía, que son absolutamente contrarias a derecho. Sí hay un debate que hay que dar respecto de que posibilidad tienen los policías de sindicalizarse”, concluyó.