El Gobierno, cerca de morder el anzuelo tribunalicio

15/08/2024

El argumento, de fondo, parece ser otro al que se esgrime. Los elementos empiezan a quedar al descubierto. En el Ejecutivo aún no han expresado una explicación , más que la que dice el proyecto de reforma. Las entidades que defienden el sistema como está, en alerta.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

En la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, realizada el martes pasado, quedó explícito lo que Página Judicial advirtió desde un primer momento: son sectores del Poder Judicial los interesados en reformar el juicio por jurados; y no el Poder Ejecutivo, pese a haberle puesto la firma al proyecto, cuya única pretensión es restringir los casos en tentativa y delitos sexuales.

En representación de los tribunales asistieron los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Daniel Carubia y Claudia Mizawak; el procurador general, Jorge García; y el defensor general, Maximiliano Benítez.

En el encuentro parece ser que no se escuchó una sola crítica al proyecto presentado, sino todo lo contrario, lo que sustenta el enojo de sectores de la comunidad judicial que defienden al sistema tal como está. Integrantes de dos entidades le hicieron saber a este medio que las invitaciones, hasta ahora, eran para quienes estaban de acuerdo con la iniciativa parlamentaria.

En la reunión en Diputados Carubia se limitó a decir que no emitía opinión sobre el proyecto, ya que al hacerlo estaría adelantando su postura ante una eventual presentación por inconstitucionalidad de la reforma. Viejo lobo, dejó una puerta abierta para que lo llamen. Maestro. También dio su opinión la titular del Instituto de Derechos de la Mujeres, Géneros y Disidencias del Colegio de la Abogacía, María Adriana Del Porto, pero no se registra en alguna comunicación oficial. Aquí la crónica oficial de tribunales:

En el STJ abren el paraguas ante planteos por la reforma al juicio por jurados

El argumento central por el que “el Ejecutivo” pretende reformar el juicio por jurados es la cantidad de legajos que no llegan a ser elevados. Los titulares de los ministerios públicos, sin embargo, plantearon la necesidad de limitar en caso de delitos contra la integridad sexual, ya que implica una revictimización a las víctimas, y citaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este punto, de todas maneras, no debería inquietar a García y Benítez, porque la redacción del proyecto habla de delitos que “sean más de 20 años de prisión o reclusión”. El abuso agravado tiene una pena de 20 años, es decir que quedaría afuera. Acá sí se implementa una modificación de relieve.

Música para los oídos de Frigerio

El verdadero argumento por el que se pretende limitar el juicio por jurados es económico. Música para los oídos de Rogelio Frigerio y para un Gobierno ajustado en recursos. No obstante, en este tema podría tener inconvenientes si se tiene en cuenta que tanto el ministro Néstor Roncaglia como el secretario de Justicia Martín Acevedo Miño vienen de desempeñarse en las fuerzas de seguridad y en el ámbito académico, lejos de litigar en el fuero penal.

El fin de semana, en un extenso comunicado enviado desde los tribunales, aparece un extracto inquietante que hace referencia a los costos del jurado, que sería el argumento tentador. A continuación, los puntos esgrimidos desde el otro lado de Plaza Mansilla:

-En concepto de remuneración para cada integrante del jurado la suma de 103.647,26 pesos (2 juristas) por cada día de debate, incluyendo la audiencia de selección.

-El valor de cada jurista, al 2 de agosto, es de 51.823,63 pesos, es decir que a los 12 jurados titulares y a los 4 suplentes se le paga en total 1.658.357,44 pesos por día.

-Teniendo en cuenta que un debate promedio insume 3 o 4 días, el costo de un proceso oscila -sólo de remuneración- entre 4.975.072,32 pesos (3 días) y 6.633.429,74 pesos (4 días). A ello debe adicionarse el reconocimiento de gastos que los jurados tienen derecho a reembolso, tales como traslados, y el refrigerio que se brinda, legalmente previsto.

Argumento ideal para el Gobernador.

La cuestión presupuestaria de la ley de juicio por jurados es sencilla de resolver. Por ejemplo, mediante una acordada del STJ sin necesidad de reformar la norma ni quitar competencia a los delitos que se juzgan por este sistema. El abogado penalista, Rubén Pagliotto, dio una explicación interesante sobre el tema.

A contramano

En las últimas horas, el Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos; y la Asociación de Familiares de Víctimas de Delitos Aberrantes (Vidaer); emitieron un comunicado en relación a las manifestaciones de los ministerio públicos sobre los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de juzgamiento de delitos de violencia sexual, “lo cual entendemos que se trata de un error en la interpretación y confunde a la sociedad”, dijeron desde las entidades.

“La Corte Interamericana, por el contrario, ha avalado expresamente el juicio por jurados en materia de delitos de violencia sexual en el precedente “VRP y VPC v. Nicaragua” (2018) donde se juzgó el abuso sexual de una niña por un importante ministro nicaraguense y lo hizo respaldando al jurado clásico, citando como ejemplo las leyes de jurados argentinas y poniendo de resalto la relevancia de la unanimidad del veredicto, la paridad de género del jurado y la importancia superlativa de la instrucciones”, explica el texto difundido.

La ley entrerriana (10.746) de juicio por jurados es un modelo y referencia en el país. De hecho fue hecha tomando como parámetros estos lineamientos de este fallo de la Corte Interamericana. La experiencia quedó registrada en un trabajo con prólogo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.

“La Corte Interamericana no desaprueba el juicio por jurados en delitos de violencia sexual, por el contrario lo ha convalidado. La República Argentina ni ninguno de sus Estados federados ha recibido condena de parte de la Corte Interamericana en la materia, órgano que jamás le impondrá adoptar decisiones que pertenecen a la soberanía de cada estado cuando impliquen contradecir su derecho interno”, subrayan.

La reforma se plantea en un marco que Entre Ríos quedaría a contramano del gobierno la motosierra, el de Javier Milei, que acaba de lanzar un proyecto de juicio por jurados para la jurisdicción federal, con una competencia para aquellos delitos con penas en abstracto mayor a cinco años, es decir, incluyendo los delitos sexuales.