El Gobierno quiere reformar el juicio por jurados y abrió la polémica
02/08/2024
Entidades de la comunidad judicial apuntaron al seno de los tribunales. La reforma restringe casos por entender que se debe oxigenar ese procedimientos. La respuesta de los críticos: es inconstitucional.
Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial
El Poder Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto por el cual restringe delitos que se juzgan a través de ese procedimiento. El texto de tres artículos propuesto tomó estado parlamentario en la última sesión de la Cámara de Diputados.
De la reforma lo advirtieron una nómina de entidades de la comunidad judicial que firmaron un documento por el cual rechazan la única modificación del proyecto.
La iniciativa plantea eliminar los casos en que se juzga la tentativa de un delito. El cambio se expresa en el artículo segundo. La redacción vigente establece que “deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados, aún en su forma tentada y junto con los delitos conexos que con ellos concurren, los delitos cuya pena máxima en abstracto sean de veinte (20) o más años de prisión o reclusión”. La nueva redacción omite la “forma tentada” y deja sólo a los que se ejecutaron.
El proyecto del Ejecutivo -se adjunta abajo- sostiene que existe una gran cantidad de casos de tentativa que demoran la realización del juicio.
“La amplitud de la norma ha generado una demora significativa en la realización de los juicios, conforme se desprende de los informes que han realizado las distintas áreas del Poder Judicial provincial con agenda 2024 agotada y 2025 completándose. Asimismo, existen también una gran cantidad de causas que deberían esperar la celebración del juicio por jurados, ya que hay varias remisiones a juicio hechas por los fiscales que ni siquiera tienen la audiencia de admisión de evidencias por no tener capacidad para celebrarlo, lo cual acrecienta la problemática”, dice el Ejecutivo en el mensaje que envía a la Legislatura. Y agrega: “En este sentido se advierte, ante todo, que el volumen de causas a la espera del veredicto de un jurado popular hace impracticable el cumplimiento de los estándares del plazo razonable de los procesos judiciales, según los criterios de la Corte Interamericana”.
El cuestionamiento llegó por parte de Asociación Argentina de Juicio por Jurados, la Asociación de Víctimas de Delitos Aberrantes de Entre Ríos (Vidaer), la Asociación Pensamiento Penal; la Asociación Pensamiento Penal Entre Ríos; el Instituto de Derecho Penal Entre Ríos; y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Todas entidades que, en su momento, acompañaron el proyecto promulgado al final de la primera gestión de Gustavo Bordet, cuyo proceso quedó registrado en un trabajo con prólogo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti. Click aquí para acceder a quienes participaron de la edición.
Las entidades apuntaron hacia dentro de los tribunales. “La propuesta, originada en un sector minoritario del Poder Judicial, es flagrantemente inconstitucional, ya que limita el derecho de la ciudadanía a participar en la administración de justicia penal que reconoció la CSJN en el fallo Canales (2019) y porque afecta el derecho de víctimas e imputados a ser juzgados por los jueces naturales establecidos por la Constitución Nacional: los jurados populares”, esgrimieron en una nota enviada a los legisladores provinciales.
El sector minoritario, al que se hace referencia sin dar nombre, es probable que sea un reducto en el seno del Ministerio Púbico Fiscal. El procurador general, Jorge Amilcar Luciano García, no estaba de acuerdo con el proyecto de juicio por jurados cuando se impulsó en la gestión anterior. De hecho, en la presentación en el recinto de la Cámara de Diputados no contó con su presencia. Lo reemplazó Mónica Carmona.
En el Superior Tribunal de Justicia (STJ) también se encargaron de amedrentar al instituto del juicio por jurados. El 29 de octubre del año pasado, Página Judicial publicó un informe que daba cuenta de las anulaciones de una cantidad indeterminada de causas penales que debían tramitar bajo ese sistema, pero fueron juzgadas por jueces profesionales durante la pandemia. Con el juicio por jurados -hay que decirlo- la mayoría de los funcionarios judiciales exhibe un discurso público favorable y guarda sus opiniones en contra para el café.
Las entidades firmantes señalaron que “el artículo 118 de la carta magna es claro: una vez establecidos los juicios por jurados, todos los juicios criminales deben ser terminados bajo esa modalidad y queda prohibido que lo hagan jueces técnicos”.
Además, postularon que justificar la modificación de la ley por la mora en los juicios es un “diagnóstico errado”, ya que apunta “a las consecuencias en vez de ocuparse de las causas reales”.
“Las limitaciones organizativas del sistema judicial no pueden cercenar garantías ni el derecho de la sociedad a participar en la administración de justicia. Además, no se puede alegar una garantía (plazo razonable) para cercenar otra (juicio por jurados), cuando ambas son perfectamente compatibles, como demuestra la experiencia de la mitad de las provincias del país. Si la gestión del sistema judicial está provocando demoras, la solución es mejorar esa gestión”, razonaron.
“Cuando una salida, por más cómoda o fácil que parezca, es inconstitucional, debe ser rechazada sin mayores miramientos”, rechazaron las entidades.
Desde la sanción de la ley, en diciembre de 2019, a octubre del año pasado, se habían celebrado 57 juicios con jurados populares en la provincia, 13 de ellos (el 28,8 por ciento) en Paraná, la jurisdicción que concentra la mayor cantidad de hechos delictivos, 9 en Concordia, 17 en Concepción del Uruguay, 12 en Gualeguaychú, 6 en Gualeguay.
La mayoría de los juicios por jurados corresponde a casos de homicidios y de abuso sexual.
