El Iosper gastó 198 millones de pesos en juicios en 2023
24/07/2024
En los últimos años se ha registrado un crecimiento sideral en la judicialización de la medicina. Afiliados a las obras sociales y empresas de medicina prepaga que reclaman la cobertura de prácticas costosas y que van más allá del piso que establecen los programas médicos obligatorios. En 2023 el Iosper pagó 198 millones de pesos en concepto de honorarios por prestaciones que le impuso la justicia.
Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
Un tribunal provincial instó al Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) a garantizar un medicamento requerido por una mujer que lo requiere para un tratamiento de quimioterapia.
Es un capítulo más de la fenomenal judicialización la medicina. Una mujer, diagnosticada con cáncer de mama, requirió a la obra social provincial que le provea en forma urgente la medicación prescripta por su médico para iniciar el tratamiento de quimioterapia. Pero el Iosper se lo negó argumentando que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) había retirado la indicación del fármaco “debido a la falta de evidencia de supervivencia global y a una alta tasa de toxicidad, incluyendo eventos adversos”. Esa negativa abrió un camino judicial que, como en la mayoría de los casos, terminó con una intimación al Iosper para que le provea a la mujer las drogas que requería para iniciar su terapia.
En el derrotero judicial, la obra social dio una batalla cuyo resultado conocía de antemano y la mujer perdió un tiempo vital en su lucha contra el cáncer. Además, la judicialización le costó a las alicaídas arcas del Iosper una suma de 470 mil pesos que se le escurrieron en honorarios profesionales.
Este escenario de judicialización obliga a las obras sociales y empresas de medicina prepaga a destinar un porcentaje importante de su presupuesto en un ítem que denomina “gastos judiciales”.
El Iosper, la obra social provincial, brinda cobertura a 320 mil afiliados y las autoridades sostienen que la judicialización ha puesto en riesgo todo el sistema solidario de salud. En ese marco, han señalado que los recursos se ven distorsionados por la vigencia de leyes especiales y proponen la creación de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias y la implementación de un seguro para asistencia de enfermedades de alto costo y de un programa médico obligatorio entrerriano.
En principio, las obras sociales tienen un plan de prestaciones mínimas, pero en los últimos años los jueces han considerado que ese programa médico obligatorio debe ser considerado como un “piso” para los beneficiarios.
En todos los casos se repita como argumento el derecho a la salud de las personas, en el sentido amplio, un derecho humano fundamental que en la Argentina está garantizado constitucionalmente y que obliga a las obras sociales a proveer el otorgamiento de prestaciones de salud integrales que van más allá de lo estrictamente sanitario.
De ese modo, se ha obligado judicialmente a las obras sociales y a las empresas de medicina prepaga a dar cobertura integral a diagnósticos genéticos, fertilizaciones in vitro, tratamientos con células madre, nuevos tratamientos para combatir la obesidad, medicamentos que han convertido en enfermedades crónicas a algunas que hasta hace poco eran mortales, tratamientos con drogas experimentales, la internación geriátrica y de cuidadores domiciliarios de jornada completa, entre otros. En su mayoría se trata de tratamientos de alto costo, que suelen ser resistidos por los prestadores.
En algunos casos, la disputa se resuelve a través de mediaciones, oficios o llamadas telefónicas. Pero a veces la disputa llega a los tribunales. La judicialización, a su vez, genera nuevos conflictos en reclamo de respuestas que deben ser urgentes para hacer efectivo un derecho humano fundamental, como es el acceso a la salud.
La judicialización es tal que en 2023 el Iosper tuvo “gastos judiciales” por 197.926.051,23 pesos, según pudo saber Página Judicial. Ese concepto solo incluye las erogaciones de honorarios profesionales, representó el 0,3 por ciento de los gastos totales que tuvo la obra social provincial y un 50,3 por ciento más que el año anterior.
En ese contexto, las autoridades del Iosper aseguran que la cobertura de prestaciones consideradas atípicas y de alto costo, que inicialmente son rechazadas por la obra social y luego deben ser atendidas por mandato judicial, ha puesto en riesgo a todo el sistema solidario de salud de la provincia.
Del otro lado, desde la perspectiva de los afiliados, la reticencia a cubrir prestaciones complejas o costosas, con la consecuente judicialización, redunda en medicamentos que llegan tarde, tratamientos que se demoran y un deterioro en la calidad de vida de quienes tienen que atravesar el trance de una enfermedad.
