En Entre Ríos se asignó una partida de $39.000.000 para Gastos Reservados en el Presupuesto 2023. El dinero es manejado bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, de modo “confidencial”, y tiene como destino “cuestiones de urgencia fundadas en la gestión”.

Los Gastos Reservados sólo están previstos en el ámbito del Poder Ejecutivo provincial, según la ley 10.553 de 2017. Tienen carácter confidencial. Ruido sólo pudo conocer el monto a través de un pedido de información pública (entregado el 31 de julio de 2023) que fue respondido el 6 de septiembre por el ministro de Economía, Hugo Ballay.

Al seguir las pautas administrativas publicadas en la web oficial del Gobierno de Entre Ríos, se identifica el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Provincial-Edición Actualizada 2022. Según surge de ese documento, los Gastos Reservados son una partida clasificada por “objeto del gasto” y están previstos bajo la numeración 39 (“Otros servicios”) que contiene el ítem 392 “Gastos reservados”. La definición del objeto de la partida precisa: “Gastos que por su naturaleza deban mantenerse en reserva. Esta partida sólo puede ser utilizada por los organismos autorizados a realizar dichos gastos por la normativa legal vigente”.

Según la respuesta que se dio desde el Ministerio de Economía a Ruido, a partir del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), la partida para 2023 es de $39.000.000.

La Secretaría de la Gobernación es la única área autorizada a manejar esta partida. Así se dispuso en 2017, luego del escándalo institucional que provocó una investigación periodística de la revista ANÁLISIS, en su edición 1039 del 12 de mayo de 2016.

En aquel número, se reveló que había partidas presupuestarias que no se controlaban para el gobernador (Gustavo Bordet), el exministro de Gobierno (Mauro Urribarri), el jefe de la Policía (Gustavo Maslein) y la expresidenta del Superior Tribunal de Justicia (Claudia Mizawak). Se contó que esas remesas del Ejecutivo al Poder Judicial fueron implementadas desde 2010 en adelante, como una especie de “plus en negro” que habría servido para viajes, viáticos y regalos de cortesía.

La discusión pública derivó en intentos de juicio político a dos vocales del STJ: la expresidenta del Poder Judicial, Claudia Mizawak, y el exvocal Carlos Chiara Díaz. Los dos procesos iniciados en la Legislatura provincial se cayeron. Los legisladores oficialistas y aliados frenaron el juicio contra Mizawak al emitir un dictamen negativo, y Chiara Díaz renunció a su cargo cuando el proceso en su contra estaba en marcha.

De seguridad a “cuestiones de urgencia fundadas en la gestión”

La agitación institucional de aquellos días derivó en un proyecto de ley que presentó el diputado Esteban Vitor (Cambiemos-Paraná). “Cuando arranqué la Diputación, los gastos reservados era uno de los temas centrales. El proyecto original que presenté tenía una finalidad, luego salió la ley con otra finalidad. Lavaron el proyecto, Si no, no salía”, recordó el legislador.

En algunos tramos de los fundamentos del proyecto que presentó Vitor en aquel momento, se lee: “Si bien son ‘secretos’ o ‘confidenciales’, los gastos deben ser perfecta y completamente rendidos, cotejados con la consabida documentación respaldatoria -el Tribunal de Cuentas debería haber rechazado las meras manifestaciones de funcionarios beneficiados acompañadas de simples recibos que acreditaban gastos por consumo personal, como ocurrió durante varios períodos constitucionales de gobierno en nuestra Provincia.

“A esta extralimitación se agregaron, desde 2010, los ‘Gastos de Representación’ -que se habrían tomado de la partida de Gastos Reservados asignada al PE- pagados por mensualmente a 8 vocales del S.T.J.E.R., al Procurador General de la Provincia y al Defensor General de la Provincia.

Finalmente, en diciembre de 2017 la Legislatura de la Provincia aprobó la ley 10.533 que establece, entre otros puntos:

●             Los créditos presupuestarios destinados a Gastos Reservados tienen como fin atender la actividad que debe desarrollar el Estado en situaciones de urgencia fundadas en la gestión. Deberán ser autorizadas por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría General de la Gobernación u organismo que el primero determine. Queda prohibida su utilización con propósitos ajenos a esa finalidad.

●             Sólo podrán consignarse créditos destinados a ‘Gastos Reservados’ a los organismos oficiales que por ley resulten competentes para cumplir la misión prevista en el Artículo 1°.

●             La partida destinada a Gastos Reservados podrá ser modificada únicamente por previa y expresa aprobación de la Legislatura de la Provincia.

●             Toda información relativa a los créditos destinados a gastos reservados, así como la correspondiente a su utilización efectiva, tendrá la calificación de ‘confidencial’.

Vitor remarcó que “en el proyecto original se proponía atender cuestiones de seguridad, mientras que en la ley la finalidad fue ‘atender situaciones de urgencia fundadas en la gestión’. Salió demasiado lavado porque, con la finalidad, queda abierto”.

El informe completo

17 de los 24 gobiernos provinciales manejan fondos públicos que no rinden cuentas. Son provincias donde aún hay gastos reservados u otros tipos de partidas sin control total de tribunales de Cuentas. La Nación también los conserva. Las figuras jurídicas que usan para evitar el escrutinio público. Es la primera investigación de RUIDO realizada con aportes de la audiencia.

Los gastos reservados son aquellas erogaciones de las administraciones públicas que, por razones de confidencialidad, permanecen ocultos al escrutinio público. Se trata, por lo general, de fondos que se utilizan para seguridad o para investigaciones policiales.

También existen otras partidas presupuestarias que, con otros nombres y por distintas razones, no se rinden con los mismos mecanismos que establecen los Tribunales de Cuentas provinciales para el resto de los gastos.

Y si bien se trata de ítems que tienden a decrecer o a desaparecer en muchos distritos, un relevamiento de Ruido detectó que 17 de las 23 provincias argentinas más CABA aún manejan algún tipo de esos fondos sin control.

Los principales hallazgos fueron:

●             El 70% de los gobiernos provinciales manejan gastos reservados o algún otro tipo de fondo sin control total de los tribunales de Cuentas.

●             Los “gastos reservados” aún figuran en 11 provincias argentinas.

●             En 10 provincias existen además otros tipos de fondos que no rinden cuentas: figuras jurídicas como “fiduciarias”, “agencias” o sociedades con participación estatal mayoritaria que a lo sumo presentan balances generales, pero no efectúan rendiciones de sus gastos a través de los mecanismos reglamentados para el resto de la administración pública.

●             Algunas provincias usan estas empresas para distribuir -y ocultar- el detalle de la pauta oficial.

●             Sólo 5 provincias respondieron el pedido de acceso a la formación de RUIDO.

●             La Nación, si bien inició un protocolo de reducción de gastos reservados, aún dispone de ellos. Sólo Presidencia de la Nación tiene un fondo de $ 650 millones presupuestado para 2023, en ese ítem.

●             Esta falta de controles es un factor que propicia casos de corrupción y manejo discrecional de dineros públicos.

En detalle

La figura de “Gastos reservados” propiamente dicha aún persiste en 11 provincias (45% del total), mientras que 10 (41%) tienen otros montos presupuestarios o agencias o sociedades estatales con fondos que no se rinden ante los Tribunales de Cuentas locales con los mismos mecanismos de control que otras partidas. Algunos distritos cuentan con ambas figuras.

Determinar si una provincia tiene gastos reservados u otros fondos con controles públicos laxos, y saber cuáles son esos montos, es una tarea difícil: la mayor parte de las administraciones provinciales carecen de información accesible. Muchas publican los presupuestos anuales, pero sólo con los rubros generales, lo que vuelve imposible saber a simple vista el detalle de tales gastos.

Además, apenas cinco de los 24 distritos nacionales (las 23 provincias más la Ciudad de Buenos Aires) respondieron el pedido de acceso a la información presentado en agosto de 2023 por Ruido: Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, Entre Ríos y Salta.

Igualmente, ello no significa que hayan brindado información útil en todos los casos.

En esos pedidos se solicitaba información sobre si existían gastos reservados -y en ese caso, los montos-, y sobre otros fondos no sometidos al mismo esquema de rendición que otras partidas en los tribunales de Cuentas locales.

Por lo general, los gastos reservados aparecen en los presupuestos bajo el ítem “Servicios no personales”, que en algunos casos sirve para ocultar partidas cuyo destino se desconoce.

 

Fiduciarias, agencias y “Sapem”

Por otra parte, en muchas de las provincias existen organismos descentralizados que no efectúan rendiciones de gastos de la misma manera que el resto. Adquieren la forma de “fondos fiduciarios” (Chaco), “agencias” (Córdoba) o “Sapem” (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, como en San Luis o Tierra del Fuego) que, en la práctica, o tienen socios privados en porcentajes exiguos, o bien carecen de ellos.

Son entes que manejan gran parte de los presupuestos provinciales y que, a diferencia de los ministerios, sólo presentan balances y libros generales, pero no las rendiciones al nivel de detalle que exigen los tribunales de cuentas para toda la administración pública.

En los casos de San Luis y Salta, por ejemplo, distribuyen incluso la pauta oficial, sin que se puedan conocer destinatarios y montos.

 

Presidencia, con 650 millones de gastos reservados

La Nación también mantiene aún gastos reservados. Al comienzo de su administración, el presidente Alberto Fernández impulsó un nuevo protocolo para transparentar esos fondos, que en casos como los de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) eran casi el total del presupuesto.

Según la AFI, ya en enero de 2020, del 100% del presupuesto ejecutado ($ 125.146.235), el 95% ($119.875.962.75) revistió carácter “público”.

Eso fue así debido a la aplicación del decreto 52/2019 (https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/224049/20191221), dictado por el Presidente apenas asumió.

Antes de esa fecha, la relación era inversa: casi la totalidad de los gastos eran de carácter secreto.

Actualmente, los gastos reservados representarían sólo el 9% del presupuesto de este organismo.

Ruido relevó en el presupuesto nacional 2023 las siguientes partidas de gastos reservados:

●             Ministerio de Seguridad: $ 64.300.000.

●             Presidencia: $ 650.000.000.

●             Ministerio de Defensa: Hay seis ítems con $ 29.781.037, $ 7.602.896, $ 13.734.527, $ 4.352.750, $ 3.933.022 y $ 156.842.

●             Poder Legislativo: $ 650.000.000.

 

“Deben someterse a los máximos controles”

“Se debe partir de la premisa que la existencia de gastos reservados es, de por sí, contraria al sistema de gobierno adoptado por nuestra Constitución Nacional. El sistema representativo y republicano implica ciertas garantías a la sociedad, no sólo en cuanto a la adecuada administración de los recursos públicos, sino sobre la obligación por parte de las autoridades de establecer los más eficientes mecanismos de rendición de cuentas”, señala Germán Emanuele, consultor experto en gobernanza, integridad y sustentabilidad; y exdirector de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la fundación Poder Ciudadano.

Agrega que los gastos reservados debieran estar afectados “a cuestiones específicas, ser sometidos a los máximos controles por parte de los órganos de auditoría (tanto internas como externas) y cumplir con las garantías consagradas en las normas de acceso a la información pública, en lo que respecta a su difusión y rendición de cuentas”.

Al mismo tiempo, Emanuele afirma que los gobiernos “deben generar las condiciones para que la sociedad pueda conocer el origen y destino de los fondos reservados. Los principios y garantías en materia de acceso a la información pública exigen ciertas condiciones para que esos fondos se encuentren, igualmente, disponibles para el control por parte de la comunidad, ya sea mediante el sistema de tachas, a través de mecanismos de información que no pongan en riesgo cuestiones vinculadas con la seguridad nacional, y siempre bajo el estricto control de daños y de interés público que se debe hacer en términos de si su divulgación pesa más que la necesidad de su reserva”.

Mirá la planilla completa, provincia por provincia.

Provincia por provincia

Chaco, con gastos sin explicación

Los gastos reservados están explícitamente prohibidos en la Constitución Provincial de Chaco. El artículo 56 señala: “Todos los gastos e inversiones del Estado Provincial deben ajustarse a las previsiones aprobadas por la Ley de Presupuesto, que reflejará los planes y programas de gobierno, determinará la totalidad de los créditos autorizados para tales erogaciones, los recursos y financiamiento con las que serán atendidos, asimismo los cargos de personal y los servicios del Estado. No contendrá ninguna partida referida a gastos reservados. El Presupuesto podrá dictarse para más de un ejercicio anual, sin exceder el año del término de mandato del Gobernador. Se ajustará en sus aspectos técnicos a sus similares del Estado Nacional para permitir la consolidación de las cuentas públicas”.

La ley provincial que regula los actos administrativos es la 4.787 de Organización y funcionamiento de la Administración Financiera del sector público provincial.  

Sin embargo, al menos tres instituciones realizan concursos, compras o pagos directos por fuera de los mecanismos previstos en esa legislación, y con escasa transparencia en el origen de los recursos.

Una de ellas es Fiduciaria del Norte, entidad que ofrece “soluciones financieras para el desarrollo económico del sector público y privado”.

En la esfera pública funciona como una facilitadora de compras para los ministerios y otras dependencias estatales. Por ejemplo, se solventan honorarios de profesionales que producen contenidos en medios públicos o prestan servicios en eventos.

Al menos tres fuentes sostienen que no es clara la proporción de recursos públicos que se destinan a privados ni con qué criterios.

El centro Nelson Mandela denunció uno de los casos irregulares con menor repercusión en 2018: se registró un pago millonario a una persona ciega que luego probó haber recibido un monto ínfimo para comprar camisetas deportivas ().

Ese mismo año, por otros dos casos más graves, la justicia federal investigó si hubo maniobras de lavado de activos (gestión del gobernador Oscar Peppo). Y en 2019, pese a una recomendación del Tribunal de Cuentas, la Fiduciaria siguió operando con la misma falta de transparencia.

En la actualidad es frecuente ver en medios impresos alguna convocatoria a concurso para compras de diversa índole: maquinaria textil, vehículos 0 km, equipos informáticos, juguetes (en agosto), entre otros elementos.

Lotería Chaqueña también otorga ayudas económicas a los clubes deportivos a cambio de que exhiban carteles de publicidad de la entidad. Aunque en algunos casos ese dinero permite construir mejoras edilicias o costear el mantenimiento de instalaciones, no es posible determinar el destino de los recursos porque todas figuran con el mismo concepto publicitario.

Entonces, por un mismo cartel se pueden abonar montos que se multiplican hasta por 25. A quienes controlan la asignación de fondos se les dificulta determinar el destino real que figura en los papeles. 

La tercera institución con un manejo poco claro de sus finanzas es la Fundación Chaco Solidario. Se dedica a dar “asistencia a personas e instituciones en situación de vulnerabilidad, con soluciones inmediatas”. En este caso el universo es más acotado y los montos de menor valor. La ayuda generalmente consiste en la entrega de herramientas y elementos como hornos eléctricos y máquinas de coser para pequeños emprendedores. 

Por último, existe el ítem “Otras cuentas por pagar”. El concepto figura en el apartado Fuentes Financieras del Presupuesto Provincial 2023. El monto asignado es llamativo porque supera los cuatro mil millones de pesos. Se desconoce para qué se utilizan esos fondos.

La Provincia de Chaco no respondió el pedido de acceso a la información de Ruido para explicar estas situaciones.

Formosa: gastos protocolares sin rendición

Si bien no existe en el presupuesto provincial un ítem de gastos reservados, hay una curiosa figura legal denominada “Gastos protocolares”, que cobran desde el gobernador hasta los directores de las reparticiones, que está expresamente eximido de la rendición de cuentas.

Los gastos protocolares representan una suma similar al sueldo de cada funcionario, que se usa sin ninguna explicación.

La Provincia de Formosa no respondió el pedido de acceso a la información presentado por Ruido para responder o explicar esta situación.

El uso de estos fondos sin control está permitido gracias a un decreto de 1978 (656/78), que en su artículo 6 contempla “el importe mensual que se asigna a las autoridades y funcionarios superiores de las Jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo Provincial, demás Poderes del Estado y Organismos de la Constitución, que por la naturaleza de sus funciones deban afrontar gastos protocolares por el cumplimiento de las funciones que la Constitución Provincial, Leyes o Decretos les encomienden. Los importes se adjudicarán por Resolución Conjunta del Ministerio de Economía, Haciendo y Finanzas y de la Secretaría General, para cada función o conjunto de funciones. Los montos que se acuerden, que en ningún caso podrán exceder el importe que resulte de la aplicación del coeficiente 5,0 con arreglo a lo previsto en el Artículo 2° de la presente Ley”.

Aclara que se liquidarán “sin el requisito de rendición de cuentas” y, por las dudas, que “no integran el haber mensual de los funcionarios”.

La Pampa

Los gastos reservados sí figuran en el presupuesto provincial pampeano. En el 2022 se ejecutaron $ 169.723.462.

El gobierno de La Pampa respondió el pedido de acceso a la información de Ruido. Allí señaló: “Las erogaciones reservadas que no pueden discriminarse preventivamente son denominadas -según el Clasificador de Erogaciones de Recursos y de Financiamiento- Bienes y Servicios no personales sin discriminar. Los gastos de este tipo previstos en el Presupuesto General Ejercicio 2023 – Ley N° 3511-, en ejecución por tal concepto, corresponden al  Poder Legislativo, al Poder Judicial y a la Jefatura de Policía;  siendo éstas las únicas erogaciones sin obligación de ser rendidas”.

Los gastos reservados correspondientes a la Policía fueron de $ 1.412.442 en 2022 (última información disponible).

La Rioja, con presupuesto poco claro

El gobierno no respondió el pedido de acceso a la información, como tampoco lo hace con las solicitudes de informes de los diputados de la oposición.

Los Gastos Reservados ya no aparecen con esa denominación en el Presupuesto de la provincia aunque, por la información a la que pudo acceder Ruido, existen gastos que no rinden cuentas y montos desconocidos en algunas partidas.

En noviembre del 2022 se aprobó el Presupuesto 2023. En esa sesión el presidente de la Comisión de Presupuesto, Oscar Chamia, precisó que se proyectaron “323 mil millones de pesos; con un incremento con respecto a 2022 de casi 121 por ciento”.

Especificó que “las tres áreas más sensibles como Salud, Educación y Seguridad se incrementaron un 90; 132 y 121 por ciento respectivamente”. Sin embargo, no se precisaron los montos de cada área ni sus proyecciones.

“Hay un plan de trabajo que establece 53 mil millones de pesos para el total de los departamentos”, indicó el diputado Renzo Castro. La diputada Lourdes Ortiz dijo que “para 2023 se definió un 7 por ciento del total del Presupuesto con criterio de sensibilidad al género y la diversidad; el doble de 2022”, indicó.

Igual que en años anteriores, la oposición no acompañó con su voto porque tampoco recibieron el Presupuesto desagregado por áreas, sino sólo el proyecto general, pese a los reclamos.

Aunque no existen como gastos reservados, hay fondos cuyo destino se desconoce.

Por ejemplo, los diputados disponen de ciertos montos de dinero en efectivo para “ayudas, becas” y rubros similares que se entrega a cambio de las fotocopias de los documentos de los supuestos beneficiarios.

Por otra parte, mediante las publicaciones del Ministerio de Economía de la Nación se pudo saber que La Rioja recibió montos por encima de la inflación desde el comienzo del actual gobierno (diciembre 2019) hasta que llegó Sergio Massa como ministro de Economía.

Según publicó el diario Página 12, en el proyecto de Ley de Presupuesto 2023, los fondos extracoparticipables destinados para La Rioja fueron de $ 25.200 millones.

“Sabemos que hay y se usan gastos reservados, bajo otras denominaciones como ‘viáticos’, ‘gastos de representación’, ‘combustibles’ etc. Y hemos visto cómo los presupuestos de distintas reparticiones que no brindan servicios directos, como la Jefatura de Gabinete, crecen en volumen de gastos”, señala el diputado radical Gustavo Galván. Y agrega: “Nos enteramos por amigos que tenemos en las reparticiones, no por la información oficial y pública que debiera brindarse”.

Otra forma es a través de las 40 empresas que tiene el gobierno de la provincia, en rubros muy variados, cuyos presupuestos o balances se desconocen. Son sociedades anónimas unipersonales (SAU), en las que el Estado provincial es el socio mayoritario y capitalista, con un solo socio “civil” que es el presidente de la empresa.

Muchas acciones del gobierno, especialmente viajes o representaciones, se manejan a través de estas SAU.

Galván (y también el diputado de La Libertad Avanza, Martín Menem) denuncia que el gobierno viola la Constitución Provincial al no cumplir con el art. 105 inc. 4 que establece que es facultad de la Legislatura “aprobar, rechazar u observar en el plazo de 90 días, las cuentas de inversión que deberá presentar el Gobernador hasta el 30 de junio de cada año, respecto del ejercicio anterior”.

Tampoco, desde hace varios períodos, se cumple con el art. 126, inciso 2, que establece que el gobernador “al iniciarse cada período de sesiones ordinarias (1 de marzo), informa a la Cámara de Diputados el estado general de la administración, el movimiento de fondos que se hubiese producido dentro y fuera del Presupuesto General durante el ejercicio económico anterior y las necesidades públicas y sus soluciones inmediatas”.

Otro caso curioso es el pago de 980.000 dólares por año por el alquiler de un avión (más dos pilotos y dos navegantes) para crear la empresa de vuelos provincial Alas Riojanas, a la que ahora se decidió dar fin, después de dos años. No se sabe cuánto se gastó en combustible ni en catering ni si hubo que pagar alguna revisión o mantenimiento de la aeronave.

Santiago, donde manda la opacidad

En Santiago del Estero no existen fondos reservados propiamente dichos.

Sin embargo el art. 31, Inc i, de la Ley 7253 Régimen Único de Contrataciones Públicas; y el Art. 9, Inc d, de la Ley 2092 de Obras Públicas, habilitan la contratación directa para “gastos reservados o secretos”.

Frente a ello, diputados de la oposición presentaron un proyecto de ley para prohibirlos que no alcanzó debate parlamentario.

Hay que tener en cuenta que en Santiago del Estero el Tribunal de Cuentas está integrado sólo por miembros del oficialismo, por lo cual estos temas no son tratados. Si bien debería existir un representante de la oposición, nunca se integró al cuerpo.

Además, en el Boletín Oficial, las resoluciones ministeriales con gastos no se publican o se publican sin anexos, y cada vez con menos información.

Por otro lado, ante las denuncias de los diputados opositores sobre el desvío de fondos desde las partidas de Educación y Salud para financiar otros gastos, se creó un nuevo programa presupuestario del Ministerio de Economía, desde donde se reparten esos fondos (Resolución Ministerial 2023-2117-E-GDESDE, del 22 de marzo de 2023), conocido como “t 47”, que permite ocultar el origen de los fondos o hacia dónde están destinados.

En este sentido, también desde la oposición se presentó un proyecto para prohibir el desvío de fondos de las partidas de Educación, Salud y Agua Potable.

San Luis: con gastos reservados y pocas precisiones

El gobierno no respondió al pedido de acceso de información pública. La responsable del Programa Presupuesto Público se excusó de responder, pero explicó que los gastos reservados son un ítem más del inciso 3 denominado Servicios No Personales, dentro de los gastos de la Secretaría General de la Gobernación, Unidad Ejecutora N° 10.

SI bien el Prespuesto está publicado de manera completa en el sitio web del ministerio de Hacienda Pública, como así también las ejecuciones parciales del presupuesto, no se puede conocer la información sobre la partida específica.

Lo presupuestado para 2023 en ese ítem fueron 350 millones de pesos. Sin embargo, según la explicación oficial, ese número incluye viáticos, alquileres, servicios profesionales, servicios comerciales, entre otros rubros.

El contador general de la Provincia, Daniel Marone (cumplía esa función al momento de la aprobación de las cuentas, en julio de 2023) respondió en una entrevista periodística sobre los gastos reservados al momento de aprobarse en la Legislatura de San Luis las cuentas de inversión 2022.

Para ese año, lo presupuestado en el inciso Servicios No Personales fue de apenas 1.400.000 pesos. Sin embargo, al momento de la rendición de cuentas, el número ascendió a $ 338.295.430. Según las manifestaciones periodísticas del contador Marone, los gastos reservados fueron por un total de 131 millones de pesos, el  38,7 % de los gastos de ese inciso.

En relación a otros fondos exentos de control, se da el caso de las denominadas Sapem (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria), que si bien presentan un balance firmado por un contador, no mencionan detalles sobre el uso de los recursos. Por ejemplo, aparecen contrataciones de servicios sin precisar qué tipo de servicios son, ni con quién se contratan.

Una de estas Sapem es la responsable de la contratación de publicidad del Estado en los medios de comunicación: se puede conocer el monto, pero no a quiénes ni a qué medios van dirigidos.

Finalmente, un dato relevante a los fines de esta investigación es que, hace pocos meses, Marone fue elegido como vocal del Tribunal de Cuentas, para controlar las cuentas del actual gobierno. O sea, las mismas que estuvieron bajo su responsabilidad.

Vale decir también que a partir del próximo 10 de diciembre asumirá un gobierno con signo político distinto al oficialismo, tras 40 años de democracia.

Los montos en Sante Fe

El presupuesto 2023 en la provincia de Santa Fe -Ley 14185- prevé gastos reservados por $ 94.916.000. Los mismos se distribyen de la siguiente manera:

●             Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos – Categoría Protección de testigos: 42.500.000.

●             Ministerio de Seguridad – Categoría Seguridad de Personas y Bienes: $33.696.000.

●             Ministerio de Seguridad – Categoría Gestión Institucional y Social de la Seguridad: $18.720.000.

Tierra del Fuego: prohibidos, pero con excepciones

Si bien la propia Constitución de la provincia de Tierra del Fuego prohíbe expresamente la existencia de gastos reservados, algunas partidas del presupuesto destinadas a la adquisición de insumos, bienes o servicios para las fuerzas policiales poseen un tratamiento diferencial por parte del Tribunal de Cuentas y apenas se verifica que los gastos se correspondan con causas judiciales en trámite.

Otra cuestión que originó controversia en la provincia fueron las empresas con participación estatal, que en algunos casos habían quedado exceptuadas de controles por imperio de su propia ley de creación, pero que el Tribunal de Cuentas incluyó igual en una normativa específica.

El artículo 73 de la Constitución fueguina, bajo el título “Eficiencia y racionalización del Estado”, establece en su inciso 4º que “la remuneración por todo concepto que perciban los empleados y funcionarios públicos, tanto electos como designados, de cualquiera de los tres poderes provinciales, organismos y entes descentralizados, en ningún caso podrá superar a la del Gobernador de la Provincia. No existirán partidas para gastos reservados”.

Sobre este apartado, los jueces fueguinos interpretaron primero (en la acordada 1/93, la primera de la historia del Poder Judicial) que ellos eran “magistrados” y no “funcionarios”, por lo que sus remuneraciones podían superar a la del gobernador.

Luego, en 2011, un fallo del Superior Tribunal concluyó que la remuneración del gobernador se encuentra “indeterminada” (porque al sueldo por recibo había que sumarle otros ítems no cuantificados, como la vivienda oficial, la custodia, etc) y por lo tanto cualquier empleado público fue habilitado a ganar sueldos superiores al del primer mandatario, como sucede en la actualidad con legisladores, miembros del Tribunal de Cuentas y funcionarios del Banco de Tierra del Fuego, entre otros.

Pese a ello, la Justicia no interpretó de ninguna otra forma la prohibición de gastos reservados, que entonces están vedados en cualquier forma y modalidad.

No obstante, ciertos gastos de la Policía dieron lugar a controversias a partir de una reglamentación del Tribunal de Cuentas que relaja los controles respecto a otro tipo de contrataciones en el Estado.

Operaciones secretas

La polémica se originó a partir de la ley provincial 1015 (de contrataciones en el sector público) que permite las contrataciones directas (sin licitación ni concursos) cuando “las circunstancias exijan que las operaciones del Estado provincial se mantengan secretas”.

En 2017, la gestión de la exgobernadora Rosana Bertone incluyó bajo ese ítem las compras realizadas en “los expedientes 15146-SS/17, 6960-SS/17 y 2972-SS/17, este último por un importe de $17.198.511”, según informó el propio gobierno en ese entonces.

El exsecretario de Seguridad, Ezequiel Murray, no pudo explicar en una reunión de la comisión de presupuesto de la Legislatura el contenido de esos gastos, a los que les adjudicó ser “reservados”, y ello originó una polémica pública y una denuncia penal presentada por el exlegislador provincial Horacio Miranda.

La gestión de Bertone explicó que había existido una confusión de los funcionarios al referirse a “gastos reservados”, cuando en realidad se trataba de las contrataciones autorizadas por la ley 1015, que son “secretas” pero “sometidas al control del Tribunal de Cuentas”.

A raíz de este episodio, el organismo de control dejó de llamar a estas contrataciones “gastos reservados de la Policía” y comenzó a denominarlos como “gastos confidenciales”.

El Tribunal de Cuentas reguló su rendición a través de la resolución plenaria 67/2016, que modificó otra del año 2000. Allí se estableció que los gastos policiales deben estar vinculados al desarrollo de una “causa judicial o acción policial” y que en caso de no contarse con un recibo formal por alguno de los gastos “deberá confeccionarse un comprobante de inversión oficial suscripto por el responsable de la administración del fondo”. Además, deberá “acompañarse constancia emitida por el Juzgado ante el cual tramita el proceso”.

De esta forma, la labor de control del organismo ante este tipo de erogaciones consiste en verificar que los gastos se correspondan con una causa en trámite, y en notificar de ello al secretario de Seguridad, al jefe de la Policía y a legisladores integrantes de la Comisión de Seguridad, sin ninguna otra tarea adicional.

Todos los gastos policiales de esa índole son rendidos de forma similar desde entonces, como lo acreditan, por ejemplo, las resoluciones plenarias 12 y 106 de enero y mayo de este año.

Empresas estatales

Las empresas estatales fueguinas también fueron motivo de polémica en relación al control público.

Algunas de esas compañías, como el Fondo de Garantía para el Desarrollo Fueguino, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (Sapem) y Terra Ignis Energía SA, incluían en sus leyes de constitución un artículo que las exceptuaba de los controles públicos, mientras que otras como el Laboratorio del Fin del Mundo (Sapem) contemplaban la verificación de sus inversiones y gastos.

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas provincial aprobó un reglamento específico denominado “Normas de control de empresas y sociedades del Estado provincial” que incorporó a todas a la auditoría del organismo.

“Las empresas en las que el Estado participa no pueden quedar totalmente sustraídas del ámbito del derecho público, y en su caso del control de este Tribunal de Cuentas, de acuerdo a los preceptos emanados de la Constitución Provincial”, definió el tribunal en la Resolución Plenaria N°115/23.

En el caso del Laboratorio del Fin del Mundo (LFM), una empresa pública creada durante la gestión de la exgobernadora Rosana Bertone para la producción de medicamentos, la intervención del control público resultó clave para revelar una maniobra que derivó en pérdidas millonarias para el Estado fueguino, y que terminó involucrando a la actual gestión del gobernador Gustavo Melella.

En este caso, el tribunal intervino para verificar que LFM incineró medicamentos que había comprado y se le vencieron, por un total de 2.654.960 dólares.

Se trata de 48.272 frascos del medicamento Atazanavir 300 mg contra el VIH-Sida que se compraron en 2018 para ser vendidos al Ministerio de Salud de la Nación, en una operatoria que resultó fallida.

La investigación terminó en una denuncia judicial contra ex funcionarios de Bertone, y en una réplica de estos contra los funcionarios actuales de Melella, a quienes acusaron de ser los responsables del vencimiento y quema de los remedios.

La causa 26.169 se investiga actualmente ante el juzgado Civil Nº2 de la ciudad de Ushuaia, a cargo del juez Gustavo González (8).

Santa Cruz, sin secretos

El Poder Ejecutivo de Santa Cruz no tiene gastos reservados, confidenciales o de acceso ilimitado o restringido. Así surge de la respuesta al pedido de Acceso a la Información presentado por Ruido para este informe.

Allí detallan que la ley N°3755 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control, sus modificaciones, su decreto reglamentario N° 1678/2022 y la Ley 500 no establecen excepciones en materia renditiva de los fondos del presupuesto ante el Tribunal de Cuentas .

Río Negro: están previstos, pero aseguran que no hay

La provincia es una de las que tiene previsto, a través del decreto 1.214/22, el instrumento de los Gastos Reservados. Es la partida 392 del Manual de Clasificadores del Sector Público Provincial de Río Negro.

Ahora bien: esa partida no está incluida en el Presupuesto 2023 de la provincia. No aparece en ningún ítem de la ley aprobada en diciembre del 2022 por la Legislatura provincial.

El gobierno provincial no contestó la consulta formal realizada desde Ruido.

Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Vaisberg, señaló que “no existen partidas reservadas que no se sepan en qué se han gastado” porque “siempre hay algún comprobante o rendición del gasto en un expediente”.

Ante la consulta puntual sobre qué significa la partida “otros no especificados precedentemente”, que aparece en forma reiterada en el Presupuesto, respondió: “Esas partidas, como en general todas las que terminan en 99, son aquellas que no se pueden asociar directamente a otra partida del clasificador, pero no significa que sean gastos reservados. Ejemplo: gastos de alojamiento u hoteles, van en la partida 399”.

Un asesor en temas económicos de la oposición confirmó que la partida 392 de “Gastos Reservados” no aparece en el Presupuesto 2023 de Río Negro.

También confirmó que “las partidas 299 o 399 son para imputar gastos de consumo o servicios, respectivamente, que no están especificados en ese grupo por el manual del clasificador del gasto. Por lo tanto, por definición no es correcto imputar en esas partidas gastos reservados”.

De todas maneras, aconsejó profundizar la investigación para saber si todos los gastos de las partidas terminadas en 99 tienen su correspondiente comprobante, para descartar la posibilidad de que se esté usando esa vía para ocultar gastos reservados.

La nota formal con la consulta de Ruido al gobierno provincial fue enviada al secretario de Comunicación de la Provincia, Gustavo Glave, quien también recibió un recordatorio, sin que exista respuesta hasta la fecha de publicación de este informe.

Neuquén, una de las que eliminó los gastos reservados

El 13 de diciembre de 1999, mediante el decreto Nº 48-1999, Neuquén eliminó la partida de gastos reservados. Esta medida, adoptada por el gobierno del Movimiento Popular Neuquino, se basó en la difícil situación económica y financiera de la provincia, con el objetivo principal de promover una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos.

La partida de gastos reservados es una herramienta debatida en la administración pública ya que permite asignar fondos a organismos sin la obligación de detallar públicamente los montos asignados.

Es relevante mencionar que en Neuquén sí hay gastos especiales que se destinan a diferentes organismos gubernamentales para funcionamiento o adquisición de bienes materiales y que se publican en el Boletín Oficial. Estos figuran bajo el nombre “aportes no reintegrables” y los montos destinados también se publican en el Boletín.

Por otro lado, vale destacar que Neuquén implementó un decreto que regula los montos en concepto de viáticos. Esta medida establece límites definidos para los gastos relacionados con viajes y movilidad de funcionarios y empleados públicos.

Chubut: hay gastos reservados, pero no información

Los gastos reservados están contemplados en el presupuesto provincial de Chubut, y son una facultad que aún detenta el gobernador.

La Provincia no respondió el pedido de acceso a la información presentado por Ruido, por lo que es imposible conocer el detalle de los mismos, o si hubo alguna modificación al respecto.

Tucumán, sin datos

La Provincia no respondió al pedido de información pública que se realizó en agosto de 2023 para consultar si existen gastos reservados en el presupuesto provincial del corriente año.

En el desagregado del Presupuesto 2023, que consta de 293 planillas, no aparece ninguna partida con ese nombre.

De todos modos, cabe aclarar que en el Manual de Clasificadores Presupuestarios de la Provincia de Tucumán se consigna el Código 392 como “Gastos reservados”. Allí se explica que son aquellos “otorgados de acuerdo a disposición de autoridad superior del gobierno provincial”.

Buenos Aires: previstos, pero sin información

Los gastos reservados están contemplados en la ley bonaerense. Tanto en el presupuesto 2021 como en el 2022 se hizo incluso una modificación para exceptuar de las respectivas programaciones presupuestarias trimestrales de esos ejercicios a los gastos reservados del Ministerio de Seguridad, que son imputados en la partida 392.

La escasa información y detalle relativa al presupuesto 2023 impide conocer con exactitud si hubo o no fondos destinados a gastos reservados para este año.

La Provincia no respondió el pedido de acceso a la información de Ruido para responder ese interrogante.

Además, existe una modificación en la ley general 13.767 (que establece y regula la Administración Financiera y el sistema de Control de la Administración General del Estado Provincial) que dice que para los casos en que la ley de presupuesto autorizare gastos reservados, de residencia y eventuales, será suficiente rendición de cuentas el recibo firmado por la autoridad competente que haya recibido los fondos con ese destino.

Córdoba, con gastos reservados y agencias

El pedido de información de Ruido fue enviado el 2 de agosto de 2023 al Gobierno de la Provincia para su remisión al área de Finanzas.

El 11 de septiembre desde la misma oficina se envió una respuesta insuficiente: no hubo contestación a todos los puntos solicitados y simplemente se adjuntó el link del Ministerio de Finanzas, de acceso público, donde se encuentra publicado el presupuesto 2023.

En ese sitio, ingresando a “Distribución de gastos por programa” se puede descargar el archivo donde consta, en el apartado referido al Programa 750 del Ministerio de Gobierno y Seguridad-Área Central (página 337) la cifra presupuestada para 2023.

Los gastos reservados presupuestados para 2023 son $57.722.000. En 2022 fueron $36.076.000, lo que representa un incremento interanual de 60% (a valor nominal).

La estructura gubernamental está compuesta, además de los 17 ministerios, por ocho agencias mixtas, aunque controladas casi exclusivamente por el Estado provincial. Estas son: Córdoba Turismo, Córdoba Cultura, Córdoba Conectividad, Córdoba Joven (dependen del Poder Ejecutivo), Córdoba Inversión y Financiamiento (depende de Finanzas), Córdoba Innovar y Emprender (depende de Ciencia y Tecnología, Córdoba Deportes (depende de Desarrollo Social) y ProCórdoba (depende de Industria, Comercio y Minería).

Caminos de las Sierras es el otro organismo estatal (sociedad anónima de un solo socio, que es la Provincia). Funciona bajo la órbita del ministerio de Obras Públicas y Financiamiento y por allí pasa la mayoría de la inversión en obras públicas en Córdoba.

Las erogaciones de las agencias y de Caminos de las Sierras no siguen el mismo circuito que el resto de los gastos provinciales y no son auditadas en detalle por el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Por ese motivo se solicitaba se informe si existen otros fondos dentro del presupuesto 2023 que no tienen la obligación de ser rendidos. Y, en el caso de que existan, indicar a qué reparticiones o empresas estatales pertenecen.

No hubo ninguna respuesta sobre ese punto.

Catamarca, con datos ilegibles

La Policía de la Provincia de Catamarca sí maneja fondos reservados, que están regulados por la Ley de Seguridad 5.429. Igualmente, hay en este caso una particularidad: la misma ley obliga a su rendición ante el Tribunal de Cuentas. El problema es que, si bien se puede acceder a los montos desde Contaduría General, el contenido es prácticamente ilegible y no hay otra forma de conocer esos datos.

La Provincia no respondió el pedido de acceso a la información para explicar esta situación.

Salta: la publicidad oficial, un gasto reservado

Si bien formalmente en Salta no existen gastos exentos de rendición de cuentas, en los hechos existen partidas presupuestarias que escapan a todos los radares de control institucional y ciudadano. Es el caso de las partidas presupuestarias que el Gobierno de la Provincia destina a publicidad oficial.

El Gobierno no publica en sus páginas oficiales los gastos publicitarios, a pesar de haber adherido Salta en 2019 a la Ley Nacional 27.275 de Acceso a la Información Pública y Transparencia.

En los últimos años, los dispositivos de control habilitados por la ley para el control del gasto publicitario, en los hechos no funcionan.

La Legislatura no recibe información sobre gastos de publicidad, como lo hizo hasta 1999, y la Auditoría General de la Provincia no realiza ninguna acción de control sobre la Secretaría de Comunicación de la Provincia. El último ejercicio auditado del área corresponde al año 2005.

Desde 1990 y hasta 1999 estuvo vigente la Ley Provincial N° 6.583 cuyo artículo 85 establecía la obligación de la Administración Pública de informar mensualmente “los pagos en publicidad y su destinatario”.

Esa norma fue derogada en septiembre de 1999 por la Ley Provincial 7.062  y desde esa fecha fracasaron los distintos proyectos legislativos para restablecer esa obligación de rendición.

La supresión del artículo 85 dispuesta en 1999 y mantenida en el tiempo hasta la fecha provocó que la Legislatura Provincial se vea privada, desde entonces, de un valioso y eficaz mecanismo de control, en un ámbito tan sensible como lo el de la publicidad oficial.

Por su parte, la Auditoría General de la Provincia desde hace 16 años que no audita la distribución de la publicidad oficial.

El último informe sobre la materia fue publicado en junio de 2007 y corresponde al ejercicio 2005.

En aquella oportunidad la Auditoría denunció la falta de aplicación del decreto 57/02. Señaló que la entonces Secretaría de Prensa (hoy Secretaría de Comunicación) “no posee un mecanismo que le permita conocer cuáles son los medios de mayor audiencia y penetración, según lo exigido por la normativa vigente”  y que la Secretaría  “incumplió con las normas impuestas (por la ley 6838) para las contrataciones directas”.

Control ciudadano

Ese estado de cosas logró revertirse en gran medida en un primer momento, gracias a diversas acciones de amparo presentadas desde la organización Salta Transparente ante la Justicia, debido a la oposición del Gobierno a brindar información.

Las sentencias favorables permitieron realizar un monitoreo de los gastos publicitarios de manera ininterrumpida desde 2012 hasta 2021, de manera ininterrumpida. Sin embargo, a partir de esa fecha, el actual Gobierno tomó la decisión de no brindar esa información, incumpliendo la sentencia que lo obliga a hacerlo. En fecha reciente la Justicia reiteró una intimación a cumplir su sentencia, pero paralelamente resolvió dejar sin efecto una multa que había impuesto a la Provincia por no haber cumplido con intimaciones judiciales previas que habían sido dictadas con el mismo objeto.

En los últimos años se han distribuido importantes recursos entre medios y periodistas, excediendo incluso lo previsto presupuestariamente.

En el 2015 fue de $ 84.919.433 y se gastó $ 151.089.132; en 2016 fue de $ 123.960.176 y se gastaron $ 174.882.648, en 2017 fue de $229.424.059 y se gastó $ 273.941.759. En 2018 el gasto en publicidad oficial fue de $ 294.797.263,19 y de $ 859.087.394,93 durante 2019.-

En los primeros siete meses de 2020, el gasto publicitario del Gobierno de la Provincia fue de $ 465.222.597 y de $ 544.878-564 durante 2021, de acuerdo a los últimos datos a los que pudo acceder Salta Transparente en el marco de un proceso de amparo judicial.

“Gastos de cortesía” en Jujuy

En la provincia de Jujuy los gastos reservados no figuran como tales en la ley de presupuesto anual aunque, de haberlos, tampoco serían fácilmente detectables para la ciudadanía, ya que la publicación de dicha ley es apenas un resumen de los datos más sobresalientes con los gastos generales e inversiones.

Es decir que la información pública al respecto no brinda datos particulares y es muy incompleta, no está actualizada o, en algunos casos, no se publica.

Según fuentes del Tribunal de Cuentas, estos fondos suelen tomar la forma de “gastos de cortesía” en cada ministerio. El uso de los mismos estaría muy extendido.

En relación a la rendición de cuentas, si bien existe obligación de realizarla en todos los casos, esto no se hace en tiempo y forma; ya que no se brindan todos los detalles de ejecución de los fondos. Es decir, hay casos en que no se acreditan otros comprobantes más que los recibos. Esto sucede en cada organismo que depende de la provincia.

Por ejemplo, los fondos que ingresan al ente autárquico como lo es el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) -la obra social de la administración pública de la provincia-; estaría dirigido a una cuenta única desde la que el Gobierno administra gastos para diferentes destinos. Algo que no debería suceder por tratarse de un ente autónomo.

A raíz de este tipo de manejos poco transparentes, la obra social siempre mantiene retrasos en pagos y desfasajes con prestadores, además de una mala calidad de atención con los afiliados, a quienes mes a mes se les descuenta el porcentaje que determina la ley.

Algo parecido sucedería con el Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), que recauda dinero de las cuotas de la gente que paga sus viviendas; la recaudación se dirigiría a la misma cuenta única de la cual se administran los gastos, que no siempre y en un 100% se destinarían a la construcción de más viviendas u a otro tipo de mejoras.

Un tema preocupante se relaciona con los artículos 222, 223 y 224 que se establecen en la nueva reforma constitucional de la provincia y que fue aprobada el pasado 20 de junio de 2023, si bien su destino está ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia.

En dichos artículos se contradicen tratados internacionales de lucha contra la corrupción, ya que establecen la creación de un colegio de auditores encargados del control de gastos y rendición de cuentas del Estado provincial, que reemplazaría la función del Tribunal de Cuentas, algo que no se especifica de manera explícita.

Como el Gobierno de Jujuy no respondió el pedido de acceso a la información de Ruido, no se pueden conocer datos ni la opinión oficial sobre estos temas.

CABA prohíbe los gastos reservados

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contiene un capítulo, el 17, que prevé la contingencia de falta de sanción del presupuesto al inicio del ejercicio financiero y, además, prohíbe la existencia de gastos reservados, secretos o análogos, cualquiera sea su denominación.

El presupuesto porteño se enmarca en la Ley 70 Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad y sus modificatorias.

La norma fue especialmente reglamentada por el decreto 1000/GCBA/99. Posteriormente, mediante el decreto 1233/GCBA/04 se modificaron parcialmente algunos aspectos referidos a la gestión pública, en especial los relativos a los órganos rectores.

Corrientes, sin datos

En Corrientes, el artículo 129 de la ley provincial 6042 señala: “El presupuesto no podrá contener, sin excepción, partida alguna destinada a gastos reservados”.

Por otro lado, es insuficiente la información obtenida por Ruido para saber si existen otros fondos públicos que no se rindan al Tribunal de Cuentas.

El Gobierno provincial no respondió el pedido de acceso a la información como para poder realizar un análisis.

Mendoza tiene, pero rinde cuentas

En Mendoza los gastos reservados figuran en el Presupuesto Provincial. En total, se destinan $48 millones y corresponden al Ministerio de Seguridad.

En las planillas detalladas, los gastos reservados figuran bajo el nombre “erogaciones sin discriminar-erogaciones reservadas” en el apartado de Rentas Generales del Ministerio de Seguridad. La cifra se duplicó con respecto a la partida del año pasado.

Los gastos reservados del Ministerio de Seguridad son aprobados por la Legislatura cuando se aprueba el Presupuesto. De todas formas, la ley 9.292 en el artículo 23 detalla la rendición de los gastos reservados. “En caso de que el Poder Ejecutivo estuviese o fuese autorizado a realizar gastos de carácter secreto o reservado, deberá remitir directamente al Presidente del Tribunal, para su examen y aprobación, la rendición de cuentas pertinente”, dice la letra de la norma.

La rendición de los gastos reservados no se hace presentando facturas y tickets, sino que el Ministerio envía planillas de ejecuciones presupuestarias con un detalle de los gastos.

En Mendoza, por ley todas las reparticiones públicas rinden informes de gastos ante el Tribunal de Cuentas. La ley 9.292 en el artículo 182 establece que “todos los poderes públicos, las municipalidades y cuantos empleados y personas administren caudales de la Provincia u otras corporaciones, estarán obligados a remitir anualmente las cuentas documentadas de los dineros que hubieran invertido o percibido, para su aprobación o desaprobación”.

Misiones y San Juan, afuera

En las provincias de San Juan y Misiones no se detectaron gastos reservados ni otros fondos que no rindan cuentas de manera regular en los presupuestos 2023 de ambos distritos

(*) Autores: Hugo Alonso, Eliana Coronel, Claudia Araujo, Judith Calmels, María Ester Romero, Pablo Oro, Cindy Monzón, Gabriela Sánchez, Gonzalo Guzmán, Luz Pérez, Thamina Habichayn, Gustavo Laurnagaray, Gabriel Ramonet, Natalia Ferrari, Mariela Arias, Natalia Buiatti, Ezequiel Soria, Edgardo Litvinoff.

Redacción y edición: Edgardo Litvinoff

Diseño y redes: María Pía Reynoso y Bárbara Maidana

Infografías: Diego Forti

Ilustración principal: Mile Barbeito