La causa por el escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó nuevos capítulos en las últimas horas, con allanamientos en Nordelta, el avance de peritajes tecnológicos y la declaración del empresario Jonathan Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina, señalada como intermediaria en un presunto esquema de corrupción en la provisión de medicamentos al Estado.
El juez federal Sebastián Casanello ordenó operativos en los barrios La Isla y El Golf, con el objetivo de obtener registros fílmicos y de accesos que permitan determinar si el jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vincentis, colaboró en la fuga de Kovalivker, quien había evadido un allanamiento la semana pasada. La maniobra levantó fuertes sospechas de encubrimiento.
Mientras tanto, la Justicia avanza en el análisis del teléfono celular de Diego Spagnuolo, extitular de la Andis, cuyos audios filtrados dieron origen al caso. Peritos de la dirección general de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) lograron crear una copia espejo del dispositivo para evaluar información clave sobre retornos, sobornos y pagos irregulares.
El expediente, que ya derivó en detenciones, secuestro de teléfonos, computadoras y dinero en efectivo, también incluyó el bloqueo de cajas de seguridad vinculadas a los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker —este último detenido en Nordelta con más de 266.000 de dólares y 7 millones de pesos en efectivo—, a su padre Eduardo y a exfuncionarios de la Andis como Spagnuolo y Daniel Garbellini.
En paralelo, Jonathan Kovalivker se presentó finalmente ante la Justicia junto a su abogado, Martín Magram, y entregó su teléfono celular, aunque su escape previo aún genera sospechas sobre una posible red de complicidades internas.
El caso sacude al Gobierno no solo por la magnitud del dinero involucrado y el impacto en un organismo destinado a asistir a personas con discapacidad, sino también porque salpica políticamente a la secretaría general de la Presidencia, que conduce Karina Milei.
A medida que avanzan las investigaciones, el escándalo crece y la presión política se intensifica: encuestas recientes muestran un deterioro de la confianza en la gestión nacional en medio de un clima de indignación social frente a la corrupción y la vulnerabilidad del sistema de salud pública.
