Fuerte reclamo al Gobierno por el Comité para la Prevención de la Tortura
17/06/2024
La puesta en marcha del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Entre Ríos se sigue dilatando a lo largo de los años. Los organismos de derechos humanos le reclaman al Gobierno la integración del organismo para que pueda funcionar.
De la Redacción de Página Judicial
La Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos lanzó fuertes críticas contra el Gobierno, a un año de la conformación del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, por lo que considera “la imposición de obstáculos burocráticos y dilaciones que no tienen otra explicación que una evidente falta de responsabilidad institucional y voluntad política”, según expuso en un comunicado.
El 15 de junio del 2023 se celebró en Villaguay una asamblea abierta en la que se eligieron dos representantes de la sociedad civil para integrar el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, con lo que quedó formalmente conformado el mecanismo local, que tiene por objetivo garantizar los derechos de las personas privadas de libertad.
Sin embargo, un año después, el organismo no termina de consolidarse por cuestiones que los organismos de derechos humanos atribuyen al Gobierno provincial.
El organismo tiene entre sus atribuciones más importantes la de llevar adelante las visitas a los centros de detención de la provincia con el objetivo de verificar condiciones o situaciones que permitan o faciliten la comisión de malos tratos o actos de torturas; realizar informes en los que se expondrán todas las observaciones; desarrollar recomendaciones para que cesen tales prácticas y situaciones con un énfasis en la prevención; y sostener un vínculo cooperativo con el Estado y la sociedad civil para su efectiva implementación. En 2022 emitió un primer informe.
La implementación del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura es una deuda de larga data en Entre Ríos. Su creación fue votada por unanimidad en la Legislatura en 2017, pero nunca se pudo integrar. La ley contemplaba la integración de una comisión bicameral para acompañar la tarea, pero solo se integró a medias.
Recién en 2023 se logró un consenso para que finalmente pueda constituirse el organismo, con la integración de un representante del Poder Ejecutivo a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos; dos diputados, uno por la mayoría y otro por la minoría; un senador; dos miembros de la sociedad civil de referencia en el área de derechos humanos y un cargo de Secretario Ejecutivo.
“En estos seis meses el gobierno de Rogelio Frigerio ha venido impidiendo sistemáticamente que el Comité pueda ejecutar su presupuesto aprobado por ley, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Poder Legislativo. De este modo se imposibilita el pleno desarrollo operativo de sus actividades, como la puesta en funciones del Secretario Ejecutivo seleccionado por concurso público”, reclama el texto difundido por la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos.
Para el cargo de Secretario Ejecutivo fue seleccionado el psicólogo José Enrique Morales, con amplia experiencia en contextos de encierro y privación de la libertad. Su nominación surgió de un concurso público de antecedentes y oposición, pero hasta la fecha no ha sido designado.
En esta línea, los organismos de derechos humanos hicieron saber que tampoco se ha cumplimentado el recambio del representante del Poder Ejecutivo ni de los tres representantes del Poder Legislativo. “Esta decisión de dilatar sistemáticamente las designaciones, además de generar una anomalía de la representación estatal en el comité, incumple la Ley Número 10.563 y su modificatoria, la Ley Número 11.059, vigentes en nuestra provincia”, consignaron los organismos.
“Desde los organismos de derechos humanos vemos con profunda preocupación el desfinanciamiento y vaciamiento del Comité Provincial. Ante esta situación, hemos presentado notas a las presidencias de las cámaras de diputados y de senadores de Entre Ríos, presidentes de los distintos bloques legislativos y a la directora general de derechos humanos, Gracia Jaroslavsky. No hemos recibido respuesta”.
Ante este escenario, exigieron a las autoridades del Gobierno provincial “que cumpla de manera inmediata con sus obligaciones y resuelva esta lamentable situación”.
