El Gobierno nacional debió dar marcha atrás y restituir disposiciones que habían sido eliminadas, sustituidas o modificadas por cinco decretos de necesidad y urgencia (DNU) firmados por Javier Milei. La decisión llega luego de que el Congreso rechazara las reformas a mediados de agosto, lo que dejó al Ejecutivo sin margen y lo forzó a garantizar la continuidad de las normativas.
Los decretos en cuestión habían introducido cambios de peso en organismos clave como Vialidad Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti). También habían afectado a la Marina Mercante y limitado derechos laborales, incluyendo restricciones al ejercicio de huelga al declarar “servicio esencial” la navegación por agua, con obligación de garantizar el 75 por ciento de la prestación incluso en conflictos gremiales.
El Decreto 628/2025 restituyó las disposiciones anuladas por el DNU 340/2025, que flexibilizaba las reglas para el cabotaje de buques extranjeros y modificaba la Ley de la Navegación. A su vez, el Decreto 627/2025 revirtió los efectos de otros cuatro decretos que habían disuelto organismos como la Dirección Nacional de Vialidad y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, además de reestructurar al Banco Nacional de Datos Genéticos y al Instituto Nacional de Vitivinicultura.
El paso atrás del Gobierno refleja la fragilidad política del oficialismo, que había utilizado las facultades delegadas de la Ley Bases para avanzar con reformas estructurales sin debate parlamentario. Tras el rechazo legislativo, la Casa Rosada no tuvo otra alternativa que recomponer las normativas para evitar un vacío legal y un nuevo conflicto institucional.
