19/06/2025
Los abogados que representan a los cinco jóvenes detenidos por realizar pintadas a favor de Cristina Fernández de Kirchner solicitaron el archivo del legajo por atipicidad, indicaron fuentes tribunalicias a Página Judicial. Las mentiras del parte policial, el silencio del ministro y un peligroso antecedente.
Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
La Policía de Entre Ríos detuvo el viernes, en horas de la madrugada, a cinco personas jóvenes, algunos de ellos estudiantes universitarios. El motivo: vandalizar la vía pública en Paraná.
La comunicación oficial daba cuenta de que se había recibido un llamado al 911 que alertaba sobre un grupo de personas en la esquina de las calles Rondeau y Almirante Brown “que descendió de un vehículo y realizó pintadas en un cartel publicitario relacionado con el caso de Cristina Fernández de Kirchner”. Esa denuncia puso en marcha un operativo que incluyó el chequeo de cámaras de videovigilancia, la participación de cuatro patrulleros y alrededor de veinte policías que les preguntaban cuánto habían cobrado por las pintadas. El hecho concluyó con la detención de los jóvenes y el secuestro de aerosoles. El parte policial estaba acompañado por fotos de los jóvenes esposados junto al vehículo.
Los jóvenes fueron trasladados a la División Antecedentes Personales de la Policía, retenidos durante cinco horas para su identificación y el fiscal Cristian Giunta dispuso el secuestro del vehículo y la apertura de un legajo.
El parte policial les atribuía la comisión de hechos vandálicos. Según se indicó a Página Judicial, los jóvenes no fueron imputados formalmente, pero están representados en el expediente por los abogados Tomás Vírgala y Juan Ignacio Mayer. El fiscal Giunta los investiga la posible comisión de un delito de daños, que prevé penas de quince días a un año de prisión para el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble, total o parcialmente ajena.
Los defensores plantean que la conducta que se atribuye a los jóvenes es atípica, aseguran que no encuadra en ninguna figura penal y dudan que pudiera ser considerado una contravención; por ese motivo pedirán el archivo de las actuaciones.
Desde lo judicial, una eventual imputación parece exagerada. ¿Acaso los partidos políticos no realizan pintadas como parte del juego democrático? Desde lo político, entonces, representa un peligroso antecedente.
En efecto, las pintadas están indisolublemente ligadas a la disputa política en el país desde tiempos inmemoriales. Cualquiera, en donde se encuentre, puede hacer hacer el ejercicio en el trayecto que lo lleva de casa al trabajo. “Prensa gratuita y sin censura donde no se paga el aviso ni la diatriba”, decía el médico e intelectual José María Ramos Mejía a principios del siglo pasado. Entonces, si los partidos políticos realizan pintadas como parte del juego democrático, queda poco espacio para el reclamo de ilegalidad, ni siquiera cuando expresen algún tipo de insulto o provocación, que no fue el caso. Por el contrario, las paredes constituyen una tribuna que expone las tensiones de una sociedad.
En este contexto, los organismos de derechos humanos denuncian “el accionar persecutorio e intimidatorio de la Policía” y advirtieron que el hecho se enmarca en un intento de “amedrentar a quienes nos oponemos al brutal modelo de ajuste que lleva adelante el presidente Javier Milei, y no es algo aislado”.
Los organismos denunciaron que “el amedrentamiento a militantes populares y a todo aquel que se quiera expresar en la calle en contra del ajuste, la miseria planificada o la crueldad de estado, es cosa cotidiana” e hicieron notar “la falta de proporcionalidad y la mentira mediática” como instrumento para infundir temor.
Efectivamente, el relato policial está construido sobre una falacia: que las pintadas fueron sobre edificios públicos; por el contrario, quedaron estampadas en espacios para comercialización que estaban vacíos. Esas fotos no estaban en el comunicado oficial.
El Gobierno se llamó a silencio tras el episodio. Tampoco habló el ministro Roncaglia, jefe político de la Policía; ni el titular de fuerza, el comisario general Claudio González.
La trasnochada detención de los cinco jóvenes coronó una semana infausta para el ministro, que venía levantando el perfil después de varios meses en penitencia. Primero embistió contra un periodista, a quien acusó de haber propalado una noticia falsa, lo intimó a retractarse mediante una carta documento y difundió en el sitio oficial el domicilio y el número de teléfono del trabajador de prensa; y a los pocos días acusó a abogados de introducir clandestinamente teléfonos celulares a personas detenidas en las unidades penales. Volvió a tropezar, y de la peor manera.
