10/07/2025
Inecip, uno de los impulsores del juicio por jurados en la provincia, lanzó fuertes cuestionamientos a raíz de las modificaciones impuestas al sistema de jurados populares y centró sus críticas en “una desidia de la organización”. Apuntó contra el poder político y judicial. El documento.
De la Redacción de Página Judicial
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), uno de los impulsores del juicio por jurados, cuestionó en duros términos la reforma impulsada por el Gobierno provincial, aunque apuntó sus cañones al Poder Judicial.
A través de un documento titulado Juicio por jurados en Entre Ríos: la Constitución no es optativa, el Inecip advirtió que “una vez que el legislador provincial activó esa cláusula a través de la ley de juicio por jurados, su competencia ya no puede ser restringida: solo puede ampliarse” e insistió en que “el juez natural para los delitos más graves, según la Constitución, es el jurado popular”.
El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo, pero ha sido avalado tácitamente por casi la totalidad del Poder Judicial. En tribunales, la mayoría de los funcionarios judiciales exhibe un discurso público favorable al juicio por jurados y guarda sus opiniones en contra para el café, salvo escasísimas excepciones.
Del otro lado, entidades de la sociedad civil han levantado la voz contra las modificaciones. Entre ellas, Inecip, que habla de “excusas” y le apuntó al corazón del Poder Judicial: “Los sistemas de jurados populares y de jueces profesionales no son intercambiables según los vientos políticos de turno. El constituyente fue claro al prever que tanto el poder político como el judicial se verían incomodados por la incontrolable independencia del jurado. Por eso, la Constitución impide retroceder”.
El documento lleva las firmas de Alfredo Pérez Galimberti, vicepresidente del Inecip; Andrés Harfuch, director del Programa de Juicio por Jurados de la entidad; Aldana Romano y Sidonie Porterie, codirectoras del Programa de Organización y Gestión Judicial del Inecip.
Inecip sugiere que la reforma pretende ocultar una ineficiencia del sistema judicial y cuestionó que “en lugar de explorar mejoras organizacionales o de gestión para realizar cada vez más juicios por jurados (…) Entre Ríos opta por reducir derechos”.
También lanzó dardos a los acusadores públicos: “Mientras el Ministerio Público Fiscal apenas logra resolver, según sus propios números, el 6 por ciento de los casi 70 mil casos que recibe al año, se pretende culpar al juicio por jurados –que interviene en apenas el 0,1 por ciento– por los problemas de impunidad”.
Desde la entrada en vigencia del sistema de jurados populares, en junio de 2020, se han realizado 131 juicios por jurados (hasta el 30 de junio de 2025). Dice Inecip: “Entre Ríos pasó de 39 juicios en 2023 a 34 en 2024, pese a su mayor población y la enorme cantidad de causas pendientes. ¿Por qué se hicieron menos juicios si había más casos pendientes?”. Y en su respuesta habla de “una desidia de la organización y de inexplicables decisiones del Ministerio Público Fiscal que, en lugar de lubricar el sistema, lo empasta”.
“¿Se pueden hacer más juicios por jurados? Hasta ahora, no se ha ofrecido ni una sola explicación concreta sobre los supuestos obstáculos. Hay salas disponibles. Hay jueces: según datos públicos del Poder Judicial de Entre Ríos, para el período 2023 los jueces de juicio pasaron menos de seis horas en audiencia por mes (menos de dos horas a la semana). Hay presupuesto: el costo de los jurados representa apenas el 0,3 por ciento del presupuesto total del Poder Judicial. Lo que parece faltar es voluntad”, agregó.
“Esa falta de voluntad se hace evidente al observar las opiniones vertidas en medios por miembros del Poder Judicial y, en particular, las instrucciones generales emitidas por el Procurador General, que desde la sanción de la ley ha intentado restringir su vigencia. Es evidente que el impulso a este nuevo intento de reforma no responde al interés de las víctimas –que han manifestado públicamente su respaldo al jurado y su oposición al proyecto– ni a una supuesta preocupación por la impunidad, tantas veces garantizada por jueces profesionales en causas políticamente sensibles”, concluyó la entidad.
Advertimos una cruzada institucional contra la vigencia del juicio por jurados, promovida desde sectores que no se resignan a cumplir con la Constitución Nacional y reniegan de la participación ciudadana.
