La Marcha Federal Universitaria reunió ayer a miles de estudiantes, docentes, trabajadores de la salud, no docentes, gremios y organizaciones sociales frente al Congreso de la Nación y en ciudades de todo el país para reclamar el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, leyes vetadas por el presidente Javier Milei.

Se replicaron manifestaciones similares en Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Entre Ríos, y otras provincias, mostrando que el rechazo al veto no es un fenómeno exclusivo de Buenos Aires.

Los participantes denunciaron que el Ejecutivo nacional, al vetar la Ley de Financiamiento Universitario y la de Emergencia Pediátrica, pone en riesgo la continuidad de carreras, bolsos educativos, becas inconmensurables con la inflación, infraestructura deteriorada y salud pública colapsada.

Se señaló que dichos vetos representan una política que desfinancia silenciosamente el sistema universitario, precariza al personal docente y no docente, y desatiende emergencias que afectan directamente a niños y niñas en hospitales públicos.

También hubo críticas al manejo legislativo del Gobierno: pese a que Diputados rechazó ambos vetos con amplia mayoría —181 votos contra 60 para emergencia pediátrica, y 174 a 67 para financiamiento universitario —, queda la expectativa de lo que sucederá en el Senado.

Un triunfo simbólico que exige seguimiento

El hecho de que la protesta haya sido multitudinaria en varias provincias y que haya coincidido con las votaciones parlamentarias le dio un peso concreto, no sólo simbólico. Ayer, la calle se convirtió en vigilante de la democracia educativa y sanitaria.

Pero los reclamos no terminan con la votación: quienes marcharon advierten que la legislación debe aplicarse efectivamente, que los fondos lleguen, que se recupere presupuesto si se redujo, que se mejore la situación de docentes y trabajadores de salud, y que no se repitan vetos que, en su visión, contradicen el interés de quienes sostienen el país con sus estudios y su trabajo.