Milei avanza con una avalancha de reformas

Desde la desregulación de actividades comerciales hasta la eliminación de burocracia, el gobierno aplica una mezcla de motosierra y batalla cultural.

El 25 de mayo encuentra a Javier Milei en estado de euforia tras la victoria electoral, el acuerdo con el FMI, el levantamiento del cepo y una andanada de medidas reformistas. Una situación bastante diferente a la de hace un año, cuando lidiaba con la oposición para que le aprobaran su Ley Bases y tuvo que posponer dos meses la firma de su Pacto de Mayo con los gobernadores aliados.

No es que ahora se hayan disipado las dudas sobre la marcha de la economía, claro -de hecho, abundan las advertencias sobre la fragilidad a mediano plazo-, pero con la inflación otra vez en la zona de dos por ciento y tendencia a la baja, el presidente siente que está en su momento para pisar el acelerador.

La ola de anuncios ya había empezado desde hacía semanas, pero adquirió un ritmo aún más alto después del contundente respaldo electoral que obtuvo el gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, donde superó tanto al “oficialismo porteño” del PRO como a la oposición kirchnerista.

Desde la regulación más laxa para los dólares del colchón hasta la inclusión de Milton Friedman en la programación del canal infantil Paka Paka; desde la flexibilización en requisitos para tenencia de armas hasta la el nuevo régimen de servicios esenciales que acota el poder sindical, no hay área en la que el presidente no parezca dispuesto a dar su “batalla cultural”.

En el ámbito político hay variadas interpretaciones sobre esta nueva fase de la gestión. Una de ellas podría ser que a partir de julio vencen las facultades delegadas que le otorgó el Congreso al presidente el año pasado, y que por eso está trabajando contra reloj, sobre todo en medidas de desregulación.

Pero otra visión alude a una cuestión de estrategia política: aunque las elecciones del 18 de mayo hayan sido apenas para la renovación de la legislatura porteña, el propio Milei dijo que se trataba de “un día bisagra” que cambiaría el panorama político del país. En otras palabras, el gobierno quiere dar el mensaje de que lo que ocurrió en las urnas en mayo se repetirá en octubre, con lo cual tendrá un mayor margen para imponer su agenda, sin depender de acuerdos circunstanciales con aliados incómodos.

Motosierra y batalla cultural

El área de mayor impacto por los anuncios es el de las desregulaciones, que depende de Federico Sturzenegger. Su más reciente medida es, mediante tres decretos, la reestructuración de más de 40 organismos públicos.

La explicación oficial es que se necesita “reducir duplicaciones, eliminar gastos superfluos y poner fin a décadas de despilfarro, descontrol y expansión injustificada de estructuras estatales”.

“El kirchnerismo abultó los organismos descentralizados porque generaban caja propia mediante tasas, multas y trámites innecesarios. Alimentaban una burocracia que se reproducía sin control y con fines políticos”, afirmó Sturzenegger.

Y, por el tenor de las medidas, queda en claro que el objetivo no es únicamente el ahorro fiscal, sino dar la batalla cultural al afectar instituciones de importancia simbólica para el kirchnerismo y la izquierda. Por caso, se disolvieron los institutos Belgraniano, Browniano, Newberiano y el Instituto Juan Domingo Perón. Además, se reconfiguran espacios como el Museo Nacional de Bellas Artes, Tecnópolis y el Palacio Libertad -ex Centro Cultural Kirchner- como unidades organizativas de menor escala.

Y no fueron las medidas de mayor impacto desde lo simbólico: también se bajó el rango del Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio Esma en unidades organizativas a incorporarse a la estructura del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos.

Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, con estos últimos recortes centrados en las áreas de cultura y derechos humanos, ya se acumula la eliminación de 200 áreas estatales, lo cual implica la baja de 45.000 contratos.

Otras medidas destinadas a satisfacer los reclamos de su electorado más volcado a la derecha -y, por lo tanto, que irritaron a la izquierda- fueron la modificación del régimen migratorio y el régimen de portación de armas.

En el primero caso, se elevan los requisitos para tener la ciudadanía -incluyendo la posibilidad de la “deportación exprés”- y se acota el derecho de atención médica y de matriculación gratuita en universidades nacionales.

En el caso de la tenencia de armas, se simplificaron los trámites, muchos de los cuales pueden ahora hacerse sin la obligación de presentarse físicamente en los organismos de control.

Anticipando la pulseada laboral

En el área de la actividad económica, se había anunciado una serie de cambios regulatorios en diversas áreas de la actividad. Por caso, se oficializó el nuevo régimen para la marina mercante, que ahora permite el transporte de carga y pasajeros a los buques de bandera extranjera y tripulaciones no nacionales.

El sindicato del sector no tardó en criticar la medida, a la que consideró riesgosa para los puestos de empleo. Pero, además, observó el punto de que el decreto declara a la marina mercante como “servicio esencial”.

Esto coincide con un nuevo decreto que crea la nueva categoría de “servicios de importancia trascendental”. Para estos casos, el derecho de huelga queda restringido a la condición de que se garantice la prestación del 50 por ciento de los servicios. Abarca desde industrias como la alimenticia, metalúrgica y de la construcción, hasta servicios bancarios, gastronómicos y actividades relacionadas con la exportación.

Para los “servicios esenciales”, que son los ligados a la salud de la población y seguridad nacional -y que abarca desde la salud pública hasta las telecomunicaciones, pasando por la enseñanza pública-, el requisito es más alto: debe asegurarse un 75 por ciento del servicio.

Esto ha puesto en alerta a la central sindical CGT, que interpreta las medidas como una restricción de la huelga y como el preludio de un intento de reforma laboral y de recorte del poder sindical. De momento, no está en carpeta una protesta, luego del flojo paro general de abril, pero la cúpula cegetista sabe que figura al tope del ranking en la libreta de Milei.

Por caso, la última medida del ministerio de Desregulación fue la limitación en la cantidad de delegados gremiales. Sturzenegger destacó que hasta febrero había 11.652 delegados y que en algunos organismos en los que sólo correspondía 42, el número había crecido hasta 303, lo que significa un 7,55 por ciento de la planta laboral.

Medidas antiburocracia

Pero lo que más celebra el gobierno son las medidas que simplifican trámites burocráticos. Por ejemplo, el inicio del nuevo régimen para los registros de conductor, que ahora se pueden renovar online -para la Ciudad de Buenos Aires y 19 provincias- con una licencia digital válida en todo el país.

Y hubo una especial atención en ganarse la simpatía de las pymes, uno de los sectores a los que más lentamente está llegando el impulso de la reactivación económica. Sturzenegger sostiene que los múltiples programas de fomento y agencias especiales no eran otra que “capacitaciones irrelevantes, registros inútiles, consorcios de exportación que no tuvieron escala, vínculos forzados entre pymes y grandes empresas, esquemas de certificación de calidad y apoyo tecnológico que no lograron nada, y una burocracia costos sin impacto”.

Con esa argumentación se justificó la eliminación de más de 20 artículos en dos leyes, que establecían regímenes de promoción pyme, algo que según el gobierno era “un modelo para pocos, quizás amigos del poder”.

Toto Caputo recargado

Las medidas de mayor impacto político, sin embargo, no corrieron por cuenta de Sturzenegger sino de Luis “Toto” Caputo, a quien los analistas políticos consideran el verdadero ganador de las elecciones porteñas, por su mix de apertura comercial, baja inflación y estabilización cambiaria.

La rebaja de cuatro por ciento en los precios de los combustibles surgió como parte de una mejora de costos de las compañías petroleras y también por una extensión en la actualización del impuesto.

Ya antes, las reducciones arancelarias que afectaban a rubros como los textiles y los juguetes habían causado un debate en el seno de la industria nacional, cuando se anunció la rebaja para celulares y productos tecnológicos. El gobierno asumió el riesgo de pagar un costo político por las críticas sobre la eventual pérdida de empleo en Tierra del Fuego, pero apostó a la simpatía que esta medida tendría entre los consumidores.

Claro que no todas las medidas aperturistas implican malas noticias para los industriales, porque también se abarató la importación de bienes de capital utilizados por las empresas de varias ramas, desde la petrolera hasta la gastronomía.

Y con el campo, donde persiste el malhumor por los bajos precios que le llegan al productor, hubo también señales, como por ejemplo la extensión de la rebaja de retenciones a la exportación para la cosecha fina -cuya siembre inicia en las próximas semanas-.

Palo y zanahoria

En su vínculo con las empresas, Caputo ha demostrado una combinación de “palo y zanahoria”, en las que como contrapartida de las desregulaciones y bajas impositivas exige un cuidado especial con los precios.

Así, sorprendió al país cuando, lejos de su perfil de libertario, forzó a las cadenas de supemercados y grandes alimenticias a dar marcha atrás con los aumentos de precios “preventivos” que las empresas habían tomado al levantarse el cepo cambiario. El ministro dijo que no había ocurrido un salto cambiario y que no había motivo alguno para remarcar las listas.

Fue una actitud que no se limitó a los productos de consumo masivo, sino que también tocó áreas como el aluminio y los automóviles. Por otra parte, Caputo no ha tenido pudor en vetar toda negociación paritaria que considere que acuerda cifras no justificadas por la inflación.

Y la nueva gran reforma, por cierto, está vinculada al fomento de la remonetización de la economía con el uso de los “dólares del colchón”.

Pero la sensación que quiere transmitir el gobierno es que la fase de las reformas recién está en su inicio y que, de lograrse el resultado electoral que Milei espera en octubre, podrá tomar más velocidad.