Nubarrones en el frente judicial de Kueider
05/12/2024
La retención de Edgardo Kueider en Paraguay reactivó expedientes judiciales que tienen al senador entrerriano bajo la lupa. A la causa abierta en el vecino país se suma una investigación preliminar promovida por la Procelac por lavado de activos. Un fiscal de Concordia analiza imputarlo formalmente por enriquecimiento ilícito y una jueza federal investiga si recibió coimas para favorecer a los hermanos Tortul.
Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
Edgardo Kueider atraviesa el peor momento de su vida política. La imagen de una mochila cargada de dólares se clavó como una daga, provocando un efecto devastador en la política, a ambos lados de la grieta. Nadie lo defiende: los libertarios lo niegan, a pesar de haber tributado para las fuerzas del cielo en los últimos meses; y en el peronismo aceleran su expulsión, del partido y de la banca.
Dijo Kueider en su primera aparición pública, unas horas después de haber sido demorado por autoridades paraguayas, que el dinero no era suyo. ¿De quién entonces? ¿De su secretaria? Ella lo niega.
“El dinero no era mío”
Tras ser detenido por trasladar 200.000 dólares sin declarar a Paraguay, Edgardo Kueider aseguró que le va a dar su versión al fiscal: “Voy a manifestar mi total inocencia”.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/JcqSDGeX8Y
— Corta 🏆 (@somoscorta) December 4, 2024
El senador entrerriano fue demorado en horas de la madrugada del miércoles en la frontera del Puente Internacional de la Amistad, cuando pretendía ingresar a Paraguay con 211.202 dólares, 646.000 pesos y 3,9 millones de guaraníes sin declarar y es investigado por presunto contrabando de divisas, que en ese país es considerado un delito precedente del lavado de dinero.
Las autoridades migratorias se apuraron a difundir que Kueider registraba otros seis ingresos a Paraguay en lo que va del año y que en cinco de esos viajes coincidió con su secretaria, Iara Magdalena Guinsel Costa, que también lo acompañaba esta vez.
También la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) inició una investigación preliminar de oficio y pidió medidas de prueba en torno al patrimonio de Kueider luego de que se conociera su affaire en Paraguay.
Vale recordar que Kueider, además, está siendo investigado en Concordia por enriquecimiento ilícito y hace algunas semanas la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez extendieron en su contra sospechas de corrupción en la causa que tiene a los hermanos Claudio y Marcelo Tortul procesados por haber pagado sobornos a funcionarios para sostener contratos de vigilancia y seguridad con Enersa, la distribuidora de energía de la provincia.
La denuncia fue promovida por un viejo conocido de Kueider desde tiempos inmemoriales. Eliseo Blanco, un vecino de Concordia, se presentó en los tribunales de esa ciudad con una pequeña nota solicitando que se investigue la procedencia de unos departamentos atribuidos a Kueider a raíz de una publicación del sitio porteño El Disenso, en los momentos más candentes del debate sobre la Ley Bases, y que reprodujo El Cohete a la Luna.
El legajo quedó en manos del fiscal José Emiliano Arias, el mismo que tiene a su cargo la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del ex gobernador Gustavo Bordet y que ha expresado públicamente su aversión por el peronismo.
En el caso de Kueider, el fiscal determinó que debe investigarse la evolución del patrimonio desde 1999, cuando fue electo por primera vez como concejal de Concordia. Después fue funcionario municipal y estuvo a cargo de la estratégica Secretaría General de la Gobernación, hasta su elección como senador en 2019.
Los números bajo la lupa
Ante una sospecha de enriquecimiento ilícito los funcionarios públicos deben probar que sus bienes fueron adquiridos por medios legales. Esa inversión de la carga de la prueba garantiza investigaciones complejas y resultados inciertos.
La última declaración jurada disponible de Kueider en la Oficina Anticorrupción corresponde a 2021. No presentó los formularios en 2022 ni en 2023. En esa ocasión dijo tener dos inmuebles en Concordia, una casa de 400 metros cuadrados de la que es titular del 50 por ciento, con un valor fiscal de 1.785.168 pesos, adquirida en 1999 con “ingresos propios”; y otra de 391 metros cuadrados, valuada en 514.576 pesos, que compró con un crédito y de la que es dueño del 12,5 por ciento. También declaró ser titular del 50 por ciento de un Chevrolet Meriva modelo 2009 y de una camioneta Chevrolet Spin Activa que compró en 2017.
Al cierre de 2021, dijo tener 955.249 pesos en efectivo, 8.500 dólares y otros 383.124 pesos en cuentas bancarias. Los números distan bastante de aquellos que le incautaron las autoridades migratorias paraguayas.
También declaró ser el dueño del 50 por ciento de Betail SA, en sociedad con Javier Rubel, un primo suyo. La empresa se creó el 12 de diciembre de 2018 y tiene sede en la Ciudad de Buenos Aires; Kueider dijo haberse incorporado en diciembre de 2019, cuando ya había sido electo senador, y asumió como director suplente en enero de 2020.
Betail SA fue inscripta para el comercio de ganado y tiene un criadero de pollos en Concordia. También es dueña de tres departamentos y dos cocheras en el edificio Live, propiedad de Claudio Tortul, en calle Santiago del Estero 511 de Paraná.
En marzo pasado, sin embargo, las expensas de esos departamentos, que hasta ese momento llegaban a nombre de Betail, pasaron a Iara Magdalena Guinsel Costa, la empleada de Kueider en el Senado, y quien lo acompañaba en su fallida excusión al Paraguay.
En 2022, Kueider constituyó además la empresa de software Edekom SA, dedicada al desarrollo de productos y servicios de software y al diseño, creación y mantenimiento de plataformas digitales. Lo hizo en sociedad con uno de sus hijos, aunque quien figura como presidente es el senador, y también tiene sede en la Ciudad de Buenos Aires.
Kueider no ha sido imputado formalmente en la causa, pero designó a Carlos Conti y Blanca Chiappa para que ejerzan su defensa. En tanto, el fiscal ha solicitado medidas de prueba, tales como las declaraciones juradas del senador ante la Oficina Anticorrupción, un detalle de sus cuentas bancarias, bienes registrados a su nombre, movimientos financieros y registros de las sociedades que integra.
En off the record, Arias ha dejado trascender que está siguiendo lo que acontece en Paraguay y que el hallazgo del dinero es una prueba que robustece la investigación.
Un periodista también denunció a Kueider en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y lavado de activos.
Esta batería de delitos surge a raíz de la investigación por el supuesto pago de coimas a funcionarios para sostener contratos de vigilancia y seguridad con Enersa por parte de la multinacional sueca Securitas y es parte de una derivación escandalosa que podría tener, a raíz de que funcionarios provinciales y autoridades de Enersa habrían recibido sobornos millonarios para adjudicar el servicio de seguridad y vigilancia. Kueider designó al abogado porteño Maximiliano Ruiz para que lo defienda en la causa.
Lo ocurrido en Paraguay ha puesto en alerta al fiscal Federico Domínguez, quien está revisando con atención lo declarado por los auditores que hicieron la investigación interna de la multinacional Securitas en cuanto a que los hermanos Tortul solía alardear de sus vínculos “con el gobernador”, “con la gobernación” y las menciones con frecuencia a supuestas reuniones que mantenían en Casa de Gobierno.
Aislado, sin defensores en el arco político, Kueider está contra las cuerdas.
