Presupuesto recortado y pocas obras para el Poder Judicial
23/09/2024
El Gobierno paleolibertario recortó un tercio el presupuesto que había solicitado el Poder Judicial de la Nación para garantizar su funcionamiento durante el año 2025. En el proyecto se asignaron 1.760 billones de pesos. Las obras que tienen presupuesto en la provincia y las que quedaron en el camino.
Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
El presidente Javier Milei presentó el Presupuesto 2025 con un mensaje ante el Congreso de la Nación en el que estableció los lineamientos principales de la política económica para el próximo año: equilibrio fiscal, prioridad en el gasto para el pago de la deuda y, si hubiera un superávit sostenido, ensayar una baja de impuestos.
Bajo esa premisa, por ejemplo, el proyecto se propone incumplir con leyes de financiamiento que aseguraban un piso mínimo para el financiamiento en educación y en ciencia y tecnología.
Siguiendo esos lineamientos, el proyecto también contempla un recorte en el presupuesto que había solicitado el Poder Judicial para garantizar su funcionamiento en el próximo año, con la motosierra aplicada principalmente a las obras, que afectarán de manera sensible a la provincia de Entre Ríos. En ese contexto, en los tribunales federales admiten que deberán pedirle partidas extras al Gobierno para poder afrontar sus gastos mensuales e incluso garantizar el pago de sueldos.
El presupuesto del Poder Judicial se divide en dos: por un lado, el Consejo de la Magistratura de la Nación se encarga de la administración de los tribunales nacionales y federales de todo el país; y, por otro lado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación gestiona sus propios recursos.
En total, el Poder Judicial había solicitado 2.593 billones de pesos para gestionar los gastos del año 2025; pero en el presupuesto que envió el gobierno de Milei al Congreso estableció un total de 1.760 billones de pesos, un 32 por ciento menos.
El desagregado establece que el 92,7 por ciento del total estará destinado al pago de los sueldos de los jueces, funcionarios y empleados de toda la justicia nacional y federal, que suman 26.959 personas en todo el país; y el 7,3 por ciento restante es para bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso y transferencias.
En el presupuesto se incorporaron dos obras a ser ejecutadas durante 2025: la remodelación, puesta en valor y funcionamiento de la Defensoría Pública de Paraná, con una asignación presupuestaria de 340 millones de pesos; y el inicio de las obras para la construcción del edificio del Juzgado Federal de Victoria, con un presupuesto de 241 millones de pesos para 2025, 743 millones para 2026 y 624 millones para 2027.
En este último caso, el nuevo edificio del Juzgado Federal de Victoria estaría emplazado en un terreno de 591,68 metros cuadrados ubicado en Avenida Bicentenario, casi Boulevard Moreno, que donó la Municipalidad en 2009. Sin embargo, en estos tiempos, nadie en los tribunales federales se anima a ser optimista.
En cambio, en el camino arrasado de la motisierra paleolibertaria quedaron obras de construcción, refacción, remodelación y mantenimiento de edificios públicos donde funcionan los tribunales federales en la provincia para el 2025 y con extensión trianual que se había elaborado previa consulta de las cámaras del país.
El caso más notorio es la exclusión de una partida de 4.575 millones de pesos que había solicitado el Consejo de la Magistratura para la refacción del edificio que perteneciera al Comando de la Segunda Brigada Blindada de Paraná, adquirido en 2008 y que se encuentra en estado total de abandono tras la rescisión del contrato con una empresa de la provincia de Buenos Aires por serias irregularidades en la ejecución del proyecto.
La obra contempla la adecuación del edificio principal para el traslado del Tribunal Oral Federal, que funcionará en la planta baja; los juzgados federales, que estarán en el primero y segundo piso; la construcción de un nuevo edificio para el centro de cómputos de la Secretaría Electoral, sobre el ala que da a calle Urquiza; y un tercer piso vidriado. En 2017 se había adjudicado a Ashoka Ingeniería & Construcciones. Pero todo resultó en un fracaso y se rescindió el contrato por incumplimientos de la empresa.
Tampoco se ejecutarán obras de mantenimiento edilicio en los distintos inmuebles que ocupa la Justicia Federal en Paraná, Concepción del Uruguay, Concordia, Gualeguaychú y Victoria, algunos propios y otros alquilados. La poda en este caso fue de 339 millones de pesos, lo que acarrea un deterioro de la infraestructura.
