El Gobierno nacional confirmó que avanzará en la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (Nasa), la empresa estatal que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. El plan oficial prevé licitar el 44 por ciento de las acciones a nivel nacional e internacional, mientras que el Estado conservará el 51 por ciento del capital y el control formal de la compañía.
Un área estratégica en juego
La decisión fue anunciada en la Casa Rosada por el vocero presidencial Manuel Adorni y se enmarca en la Ley Bases. Según explicaron, el objetivo es “incorporar capital privado, diversificar riesgos y garantizar financiamiento” en un contexto de fuerte restricción fiscal. En 2024, Nasa no recibió transferencias del Estado, a diferencia de 2023 cuando obtuvo 700 millones de pesos en aportes no reintegrables.
El decreto que habilitará la operación será publicado en los próximos días. Además, se incluirá un Programa de Propiedad Participada, que reservará hasta un cinco por ciento de las acciones para los trabajadores, replicando esquemas de privatizaciones de los años 90.
Argumentos oficiales
Desde la Secretaría de Energía señalaron que la participación de inversores privados es clave para garantizar la continuidad de las operaciones, fortalecer la competitividad y ampliar el acceso a capitales para sostener proyectos estratégicos. Entre ellos, destacan la extensión de vida útil de Atucha I, que prevé volver a operar en 2027, y la construcción del Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (Asegg II), fundamental para la gestión segura del combustible nuclear utilizado.
Críticas y preocupaciones
La medida abre interrogantes sobre el futuro de un sector considerado estratégico para la seguridad energética nacional. Aunque el Gobierno afirma que el control estatal está asegurado, especialistas advierten que la venta de casi la mitad del paquete accionario podría condicionar las decisiones de inversión y operación a intereses privados o extranjeros.
En un contexto de crisis fiscal, la apuesta a capitalizar la empresa con fondos privados se presenta como una solución inmediata, pero también reactiva debates históricos sobre la soberanía energética y la capacidad del Estado para sostener áreas críticas sin resignar control real.
