Senador denuncia una “crueldad atroz” por parte del Gobierno nacional hacia las personas con discapacidad
Instituciones que abordan la problemática de la discapacidad en Santa Fe se reunieron con el defensor del Pueblo de esa provincia, Gabriel Savino; el senador nacional Marcelo Lewandowski y el diputado provincial Miguel Rabbia. En conferencia de prensa denunciaron irregularidades en las auditorías de pensiones que lleva adelante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el fuerte ajuste en el área.
Junto a la presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (APRIDIS), Mariel Chapero, y su vicepresidente, Luciano Urrutia, Lewandowski presentó dos proyectos de su autoría. Uno para crear la Comisión de Discapacidad en el ámbito del Senado de la Nación y otro en el cual solicitó formalmente citar para su interpelación al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y al director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, a fin de que brinden explicaciones sobre la auditoría que viene llevando a cabo.
“Esta iniciativa plantea la necesidad de crear la Comisión de Discapacidad en el ámbito del Senado de la Nación para defender de los derechos de las personas con discapacidad y entender en los asuntos referentes a la problemática global de la discapacidad, fomentando políticas que estimulen la integración y procuren eliminar todo tipo de discriminación o marginación social derivadas”, sostuvo el legislador.
Y agregó: “Entendemos que esto no es ninguna cuestión de salud, no es una cuestión de educación, es una cuestión transversal a muchos temas y por eso todo el sector merece un tratamiento especial y dedicado”. “Lo que uno observa en todo esto es una crueldad atroz. Es la crueldad de hacer demostrar a una persona que tiene Síndrome de Down, cuando nació bajo esa condición; es la crueldad de una sociedad que no atiende a sus adultos mayores, a sus niños, a sus personas con discapacidad y eso es una sociedad que no está atendiendo a quienes menos poder de defensa propia tienen”, observó.
En ese sentido, Urrutia resaltó: “En la provincia de Santa Fe hay 70 mil personas que gozan de pensiones no contributivas por incapacidad laboral. La auditoría que están llevando adelante no alcanza al 100% de esas personas sino a un número menor, pero no podemos saberlo porque no tuvimos acceso al padrón. Lo solicitamos formalmente y nunca nos dieron respuesta. Lo que sí podemos decir a través de un trabajo mancomunado y artesanal que hicimos desde las instituciones y la Defensoría es que menos de la mitad de las personas que conformaban el padrón pudieron asistir a presentar la documentación que esta auditoría requería y esto sumamente grave”.
“No tenemos respuesta por parte del Ejecutivo y no sabemos qué es lo qué va a pasar con las pensiones. A todo esto se agrega la dificultad arancelaria por la que venimos transitando en el sector, con más de cinco meses de retraso. La última actualización de aranceles fue en el mes de diciembre de 2024, tan solo un 0,5 por ciento y eso es lo que hace es complicar en el día a día el sostenimiento de los servicios que brindamos”, denunció.
Asimismo, el vicepresidente de APRIDIS agradeció a los funcionarios “por abrirnos las puertas cuando todas se nos están cerrando en este momento tan complejo para la discapacidad. La Defensoría nos asistió con respecto a lo que fueron las auditorías de las pensiones para personas con discapacidad, donde notábamos que muchas personas con discapacidad estaban teniendo dificultades para asistir, comparecer y presentar la documentación correspondiente para seguir accediendo a una pensión”.
“Gabriel Savino nos abrió las puertas -continuó- y nos compartió lo que ellos hacían. Fuimos atando cabos y nos fuimos dando cuenta que la auditoría tenía como objetivo aplicar un recorte más allá de poder auditar si las pensiones estaban correctamente o no otorgadas porque más de la mitad de las personas no fueron notificadas”.
Por su parte, Lewandowski resaltó la importancia de “darle estado parlamentario a lo detallado por Urrutia, a todas estas dudas y a lo que los beneficiarios están pasando”. “Por eso hemos pedido una interpelación tanto al ministro de Salud de la Nación como al director que tiene su cargo la ANDIS. Hemos pedido una interpelación y por supuesto que no hemos tenido ninguna respuesta”, dijo.
El senador lamentó “la incertidumbre por la que está atravesando aquel que está recibiendo hoy una pensión de saber si se la van a seguir dando o no”. “Aquí hay que tomar conciencia que muchas veces el transporte que lo lleva a una instituto, una escuela o a su trabajo, de aquel que no puede y no tiene otros medios, porque sus padres son mayores, no solamente por recursos económicos, sino porque la familia no tiene quien lo puede llevar, estamos impidiendo que esa persona socialice, se integre, progrese y todo eso significa un retroceso que la sociedad ya había superado y que no era un tabú, sino que los integró a trabajar, los integró de educarse; en todo eso estamos retrocediendo años y años”, concluyó.
