Tierras fiscales S.A: el problema de las usurpaciones

El año pasado Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) mostró la usurpación de tierras fiscales que se estaba produciendo en General Alvear, Departamento Diamante, y el trabajo estatal para evitarlo. Esta problemática se repite en otras partes del territorio entrerriano y en un nuevo informe especial se muestra el trabajo de la Dirección de Tierras Fiscales para evitar que privados se apropien de terrenos del Estado.

La investigación que el año pasado realizó Cuestión de Fondo reveló gran cantidad de usurpaciones de tierras fiscales en Alvear, pero el trabajo de la Dirección de Tierras Fiscales es incesante y no se detiene allí.  Su director, Leonardo Caluva, viene batallando casi en soledad para preservar el patrimonio del Estado.

En diálogo con Cuestión de Fondo, Caluva recordó que “durante el año 2020, 2021 y 2022 se llevaron adelante una serie de relevamientos en la localidad de Alvear a los fines de actualizar el registro o inventario que tiene esta Dirección. Esos terrenos pertenecen al gobierno provincial gracias a una donación que hiciera el Consejo Agrario Nacional en los años 60. Como resultado de estas constataciones detectamos alrededor de 45 construcciones no autorizadas en esos inmuebles (terrenos) y al día de la fecha tenemos identificadas a 42 personas producto de estos relevamientos”. 

Informó además que “estos relevamientos se transformaron en expedientes administrativos, en los cuales se arma un informe técnico de esta Dirección y se elevan a Fiscalía de Estado para que lleve adelante las acciones legales correspondientes”.

Según pudo confirmar Cuestión de Fondo, todas las constataciones que realizó la policía por intermedio de Tierras Fiscales, de los terrenos ocupados en Alvear que son propiedad del Estado provincial, fueron recibidos en la Fiscalía de Estado y se giraron al área de Asuntos Judiciales, a los efectos de que se realicen las acciones legales correspondientes.

En este estado están todos esos expedientes, en la etapa de mediación previa obligatoria y al inicio de los juicios de reivindicación. Algunas de esas mediaciones tienen dispuestos un cuarto intermedio y otros con fecha de mediación ya fijada.

Hay uno de los casos que presentó en Mesa de Entradas de la Fiscalía una propuesta formal de compra de ese terreno, pero la idea de Fiscalía es avanzar en los juicios reivindicatorios para recuperar las tierras y defender el patrimonio del Estado.

Vale mencionar también que el año pasado –con posterioridad al informe periodístico de Cuestión de Fondo– personal policial de Alvear evitó la intrusión de un terreno fiscal. Al observar que un privado lo había delimitado y colocado el poste de luz, y en el momento exacto en que se realizaba la descarga de materiales de construcción, uno de los efectivos policiales que se desempeña en Alvear dio aviso a la Dirección de Tierras Fiscales, que inmediatamente tomó intervención y logró frenar la toma ilegal.

Trabajo en el territorio

Caluva informó que este trabajo de relevamientos y constataciones “se viene llevando adelante en distintas partes de la provincia, más que nada en zona de islas, que es lo que más se administra desde esta Dirección, principalmente en la zona de Victoria y del Departamento Uruguay”.

Al igual que en Alvear, “puntualmente en el Delta se logró detectar alrededor de 700 construcciones y al día de hoy tenemos identificadas 170, que es un numero un poco bajo en relación al total de construcciones detectadas pero es una tarea complicada la de relevar esos terrenos ya que con la bajante había lugares que son inaccesibles”.

En cuanto a la identificación, comentó que “esta tarea de detección se lleva adelante a través de imágenes satelitales y a cada puntito blanco detectado desde el satélite se le dio una coordenada a la cual se le dio un nombre cuando se corroboró quién era la persona que la estaba ocupando”.

Asimismo, apuntó que “hay distintos usos en esas ocupaciones: hay algunos que son puestos en zonas de campo que tienen finalidad de habitación del puestero que tiene animales y hay otros lugares sobre la costa que son ranchos de fin de semana”. Ante esto, “se hizo el mismo procedimiento que en la localidad de Alvear y a todas estas personas se les inició un expediente que se elevó a Fiscalía de Estado”.

Consultado por este trabajo en otras localidades de tierra firme, el funcionario explicó que “a raíz de la resolución 3089 del año 2022 publicamos un inventario de los inmuebles administrados por esta Dirección de Tierras Fiscales, donde está detallada la ubicación, superficie, denominación. En ese inventario, que es de todo lo que podemos dar fe que se administra desde acá, hay inmuebles de dominio público que son las islas e inmuebles del dominio privado que son en tierra firme, en su mayoría campos rurales que son remanentes de las colonias oficiales. En superficie lo que se administra en islas son 191.500 hectáreas y de tierra firme son 1.500 hectáreas y básicamente lo que se administra desde esta Dirección la mayor parte está ubicado en Alvear y después son campos distribuidos en el resto de la provincia, algunos que están ocupados y otros que son monte”.

Permisos de uso y cambios en la orgánica estatal

La ultima normativa que reglamentó el uso de tierras fiscales administradas por esta Dirección fue la ley 9603 que se derogo en 2012 y a partir de ahí se generó un vacío legal en la forma de administración de esos inmuebles hasta que el año pasado se tomó una decisión política de darle una impronta de carácter ambiental a la administración de las tierras y se pasó la Dirección de Tierras Fiscales al ámbito de la Secretaría de Ambiente dependiente de la Secretaría General de la Gobernación.

A partir de allí se establece un régimen de permisos de uso onerosos o gratuitos dependiendo la finalidad que tenga: van a ser onerosos cuando tienen una finalidad económica o productiva y es gratuito cuando sea de interés general.

Los usurpadores detectados en islas, “al día de la fecha nadie tiene permisos de uso” debido a ese vacío legal que existía. “Además este cambio es muy reciente y lo estamos comunicando, en la página de la Secretaría de Ambiente se puede encontrar la normativa y a las personas que tenemos detectadas se les está informando que tienen la posibilidad de presentarse a regularizar su situación”.

Dijo que “algunos empezaron a presentarse” y aclaró que “se trata de un trámite administrativo en el que intervienen distintos organismos”. Sobre los requisitos para lograr el permiso de uso puntualizó que “depende según la actividad; dentro de lo que es el marco de regularización de la ocupación, en febrero de 2023 sacamos una resolución donde se establecen los requisitos para ganadería y amarraderos de barcazas que son las actividades que más vemos en islas”.

​​​​​​​En cuanto a las personas que tienen casas de fines de semana en las tierras fiscales de islas “es más complejo y se va a tratar caso por caso; en estos casos se podrán presentar y se analizará cada expediente en particular teniendo en cuenta, por ejemplo, si el rancho está ubicado en un área natural protegida deberán adecuarse a lo que indica esa legislación y si es que la permite. Si el área protegida está categorizada como reserva de usos múltiples podría existir una casa de fin de semana o una construcción sea para vivienda permanente o de fin de semana, no así si es un parque natural que es una figura muy restrictiva que no permite la ocupación humana.

Por otro lado, comentó que “no hubo inconvenientes en tierras fiscales respecto de fiestas que se organizan especialmente en el verano; no se realizan estas fiestas sobre tierras fiscales”.

Ocupación de la barranca del río

Consultado por la situación de las tierras en la zona de barrancas en Bajada Grande de Paraná, indicó que “esas no son inmuebles que se administren desde esta Dirección. El dominio de la zona de barrancas es muy controvertido y hay distintas posturas y lo que determina si es dominio público o dominio privado por anexión de un inmueble privado es la ley de línea de ribera cuya autoridad de aplicación es Hidráulica”.

Esas tierras de la zona de Bajada Grande son de la provincia porque es una continuación del río pero tierras fiscales no tiene injerencia en esa zona.

En cuanto a los asentamientos ubicados a la vera de las vías del ferrocarril, explicó que “eso pertenece al dominio de los ferrocarriles; si son nacionales pertenecen a la Agencia Administradora de Bienes del Estado Nacional (ABE) y si son ferrocarriles provinciales serian tierras provinciales”.

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