La vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, avanzó con una medida inédita que afecta a los senadores cuyo mandato concluye el próximo 10 de diciembre. Según lo dispuesto, deberán restituir los despachos, oficinas y bienes asignados durante su gestión parlamentaria.
La resolución se enmarca en el recambio legislativo que tendrá lugar tras las elecciones de medio término. El listado de elementos a devolver incluye muebles, sillas, modulares, teléfonos, computadoras portátiles, celulares y cualquier otro bien otorgado a los senadores, sus asesores o bloques políticos para el ejercicio de sus funciones.
La medida se formalizó a través del decreto presidencial 488/25, que otorga facultades a la Dirección General de Administración del Senado para relevar los espacios actualmente ocupados en el Palacio Legislativo y sus anexos.
Villarruel justificó la decisión en el deber institucional de garantizar que, al finalizar sus mandatos, los legisladores devuelvan el mobiliario asignado, conforme al reglamento de la Cámara alta.
El respaldo de la vicepresidenta a esa dirección administrativa se da en un contexto de tensiones internas, luego de que se le quitaran atribuciones a la Secretaría Administrativa del Senado, órgano que históricamente manejó la caja legislativa y que Villarruel nunca logró controlar. Actualmente, ese cargo permanece vacante tras la breve gestión de Emilio Viramonte Olmos, señalado como un allegado de la vicepresidenta.
“La restitución deberá realizarse antes del 10 de diciembre del año en que finalice el mandato”, señala la normativa, que fue interpretada como una jugada de alto impacto político. La decisión elimina un privilegio histórico en la Cámara alta, donde los despachos eran negociados como “trofeos de guerra” bajo prácticas no reglamentadas.
Fuentes legislativas de los bloques mayoritarios confirmaron que la medida afecta tanto a oficialistas como a opositores, generando malestar en bloques que esperaban conservar espacios estratégicos dentro del Congreso. El golpe simbólico es más fuerte en los despachos del edificio central, conocidos como “la Casa”, más codiciados que los anexos.
Más allá del gesto político, la resolución busca reforzar la autoridad de la Vicepresidencia sobre la administración del Senado y evitar disputas internas por la redistribución de oficinas. En el corto plazo, se anticipa un reacomodamiento que podría tensar aún más la relación entre Villarruel y un cuerpo legislativo que ya mantiene fricciones con la Casa Rosada.
Con el recambio de diciembre, Villarruel consolida su control sobre la infraestructura parlamentaria y envía un mensaje institucional claro: los bienes del Senado pertenecen al Estado, no a los legisladores salientes.
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